Al concluir la histórica sesión ordinaria en la que la LXII Legislatura descartó la iniciativa para reformar la Constitución local en materia de matrimonio igualitario, activistas a favor de los derechos de la comunidad LGBT externaron su inconformidad ante la decisión tomada y construyeron un lazo de luto con banderas de la diversidad sexual en la entrada de la sede del Legislativo al tiempo que expresaron que analizarán la posibilidad de demandar al Congreso del Estado por descartar la modificación, bajo el argumento de que esa acción viola los derechos humanos.
La coordinadora jurídica de la Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el crecimiento personal (Unasse), Amelia Ojeda Sosa, explicó que a estas alturas la votación de los diputados no se puede impugnar.
Sin embargo la asociación de la que forma parte, junto con el colectivo Indignación, contactará en los próximos días a agrupaciones como México Igualitario para analizar las vías jurídicas por las cuales podrían interponer una demanda contra el Legislativo.
“Esta es una violación a los derechos humanos. Demandaríamos al Congreso por no hacer su trabajo, porque en la sesión ninguno de los que votó en contra expuso razones válidas o fundamentadas. Tomaron la decisión a partir de sus creencias personales, lo que es grave tratándose de legisladores, o respondiendo a las presiones de grupos religiosos, vulnerando el Estado laico”, declaró.
Además ya existen suficientes jurisprudencias y un precedente de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la recomendación general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para dejar de prohibir los matrimonios entre personas del mismo sexo, añadió.
De igual forma, recalcó que la ley estatal “sigue siendo discriminatoria” y los diputados “no están cumpliendo con su deber de garantizar los derechos y quitar los obstáculos” para el ejercicio de éstos.
Por su parte, Carlos Escoffié Duarte, del Colectivo Para la Protección de Todas las Familias en Yucatán, indicó que prohibir el matrimonio igualitario condena a cientos de parejas a vivir sin protección legal y sin prestaciones sociales. Señaló que la decisión de los diputados es un “mensaje de estigmatización, diciendo que hay ciudadanos de segunda” en el estado.
“El Congreso acaba de hacer un atentado a las familias en Yucatán porque aceptó que pueden haber algunas cuyos derechos no sean protegidos jurídicamente. Hay familias a las que esto les afecta, que están dolidas, no es un capricho: nos mandaron el mensaje de que hay ciudadanos de segunda que deben esperar para garantizar lo que establece la Constitución sobre igualdad y no discriminación”, sostuvo.
Ángel Puch Montalvo, miembro del partido Movimiento Ciudadano, criticó que la votación de la iniciativa haya sido secreta. “Tenían miedo de demostrar que en campaña promueven una cosa y en su curul hacen otra”, y subrayó que la comunidad LGBT aplicará el “voto de castigo” en las próximas elecciones.
Pablo Alemán Góngora, de la Red de Personas Afectadas por VIH (RepaVIH), también sentenció que el matrimonio igualitario “se va a dar porque se va a dar” en Yucatán.
“No sé si este año u otro. Yucatán está listo, tiene gente buena, que nos aman y están dispuesta a que las siguientes generaciones no tengan obstáculos como los que otras generaciones hemos atravesado”, expresó sosteniendo la característica bandera con los colores del arco iris.
