Ciudad de México, 10 de octubre (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hoy que el plan de seguridad que firmó el Gobernador zacatecano David Monreal con Ken Salazar, Embajador de Estados Unidos en México, simplemente no vale.
Monreal Ávila invitó a una reunión al Embajador, así como a autoridades locales y estatales, para dialogar sobre la violencia en ese estado. Allí se anunció que la DEA y el FBI trabajarán en suelo mexicano por invitación del Gobernador. Pero el Presidente López Obrador advirtió esta mañana que no es legal; que el único poder que puede firmar con gobiernos extranjeros es el Ejecutivo federal representado por él.
“Es una declaración. Nosotros tenemos confianza en el Embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, y es parte de lo mismo. Es la temporada y entonces se declaran cosas, ¿no? Pero no pasa a mayores si no hay nada escrito, convenido”, aseguró.
Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario destacó que situaciones como ésta ayudan a que se transmita información y a “que todos tengamos conocimientos de lo que dicen nuestras leyes”.
“De acuerdo a la Constitución, la política exterior corresponde al Ejecutivo federal, al titular del Ejecutivo. De acuerdo al Artículo 89, es el responsable de la política exterior y representa al Estado mexicano. Pero también en la Constitución está expresamente prohibido que los gobiernos estatales suscriban convenios con gobiernos extranjeros”, recordó.
-Esto quiere decir que lo que se haya hablado o alguna cooperación ¿no vale? -preguntó una reportera desde Palacio Nacional.
-No, o sea, es que es muy claro, pero le tenemos confianza a Ken Salazar, que está visitando los estados y hay buena relación con el Gobierno de Estados Unidos -afirmó López Obrador.
Para sustentar sus declaraciones, pidió a su equipo de Comunicación Social que buscara el Artículo 117 de la Constitución, en el cual se establece que “los estados no pueden en ningún caso celebrar alianzas, tratados o coalición con otro Estado ni con las potencias extranjeras”.
Es que eso no se suscribió, no está aceptado por las partes. Entonces no es un hecho”, insistió frente a los cuestionamientos de los representantes de los medios de comunicación.
Asimismo, el Jefe del Ejecutivo federal señaló que “a veces no se conocen bien las leyes” o que “como había la mala costumbre de que antes se metían sin pedir permiso para nada, quedan esas inercias”.
“Pero la Iniciativa Mérida estuvo tremenda. Eso se acordó mutuamente, ese fue el Gobierno federal. Ahí está la diferencia. Fue un acuerdo entre gobiernos para meter armas con censores que supuestamente iban a servir para detectar quiénes usaban esas armas de la delincuencia organizada y así iban a detenerlos, y resultó que, yo creo todavía no terminaban de entrar las armas, y ya la delincuencia sabía porque el Gobierno estaba totalmente penetrado por las agencias y la delincuencia organizada. Entonces usaron las armas, se asesinó a personas. Todo esto era un plan ‘Rápido y Furioso’”, ejemplificó.
Apenas el pasado 7 de octubre, Estados Unidos y Zacatecas anunciaron un acuerdo de cooperación para combatir al crimen organizado en el estado con la participación de diferentes agencias estadounidenses, como el Buró Federal de Investigación (FBI), la Administración de Control de Drogas (DEA), la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia (INL) y la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID).
El acuerdo, que recuerda a la Iniciativa Mérida o Plan Mérida de 2008 que se implementó en el Gobierno del expresidente Felipe Calderón Hinojosa y que consistía en un plan de apoyo de Estados Unidos contra el combate a narcotraficantes, fue anunciado en conferencia de prensa, después de que el Gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, y el Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sostuvieran una reunión para iniciar trabajos contra el tráfico de personas, droga y armas.
“Como me comprometí hace un mes en mi primera visita a Zacatecas, regresé al estado con un gran equipo del Gobierno de los Estados Unidos para, de manera respetuosa a la soberanía de México, trabajar hombro con hombro con los gobiernos estatal, federal y municipales, así como con el sector privado, la sociedad civil y las iglesias en la seguridad de los zacatecanos”, expresó el Embajador Ken Salazar durante su segunda visita a Zacatecas en poco más de un mes.
“Porque con seguridad hay prosperidad, llegan las inversiones y crece la confianza en las instituciones. Tenemos optimismo en que lo lograremos, pero es necesario mantener el trabajo coordinado, continuo y permanente, resaltando que el pueblo de Zacatecas cuenta con los Estados Unidos en este desafío que enfrentan nuestros países. Nuestros gobiernos cuentan con el Marco Bicentenario de Seguridad y el Diálogo de Alto Nivel de Seguridad, mismos que nos permitirán seguir profundizando nuestra cooperación en Zacatecas y en todo el país”, agregó.
Las agencias de Estados Unidos donarán equipo y software para acelerar las investigaciones contra los cárteles, capacitación de policías, funcionarios locales de las áreas de seguridad pública y personal de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas.
Es decir, un apoyo similar al que en 2007 Felipe Calderón pidió a Estados Unidos para luchar contra la delincuencia organizada y en respuesta se impulsó la Iniciativa Mérida, un paquete de proyectos de asistencia antidrogas y para fortalecer el Estado de derecho en México que entró oficialmente en marcha en 2008.
Desde 2008 hasta 2020, Estados Unidos asignó más de tres mil 200 millones de dólares en equipo, capacitación y apoyo al desarrollo de capacidades a través de la iniciativa, según la Casa Blanca.
Las principales críticas que recibió la Iniciativa Mérida se centraron en el excesivo énfasis en el uso de las fuerzas militares para combatir el crimen organizado, así como la persistente violación de los derechos humanos. Además, en esos años el número de homicidios en México creció la estrategia de México de arrestar (y extraditar) a capos de la droga sólo llevó a una fragmentación de los carteles y a una mayor violencia.
Esa Iniciativa Mérida, que llegó a su fin el 8 de octubre de 2021 para impulsar al nuevo Entendimiento Bicentenario, parece que puede replicarse en los estados mexicanos como Zacatecas.
El Gobernador Monreal Ávila aseguró que con la reunión se lleva a cabo una coordinación de la paz en Zacatecas y sostuvo que el estado puede convertirse en una “pieza clave” en el comercio entre EU y México.
Reconoció que uno de los puntos de mayor preocupación para su Gobierno y para el sector privado es la alerta de viaje a Zacatecas que ha emitido el Gobierno de Estados Unidos: “El Embajador y la delegación han reafirmado que esta alerta no es su responsabilidad, pero ambas partes coincidimos en que a través de la cooperación lograremos que la situación cambie para brindar la certeza a los viajeros y a los inversionistas y con ello generar un mayor desarrollo económico”.
Esta es la segunda vez que Ken Salazar visita Zacatecas, la primera fue el 3 de septiembre, cuando reafirmó la importancia de la seguridad para la prosperidad de la Nación.
En esa ocasión indicó que Zacatecas era un estado prioritario en el marco binacional del Bicentenario: “Estamos apoyando las instalaciones penitenciarias, los laboratorios forenses y los programas de estado de derecho en el estado, con respeto por la soberanía de México, para ayudar a reducir la violencia y fomentar la prosperidad”. También reafirmó el compromiso de los objetivos de seguridad compartidos con el mandatario estatal.
Zacatecas es un estado que en los últimos meses ha crecido la violencia, con ejecuciones, cuerpos colgados y municipios sin policías, lo que provocó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador acudiera al auxilio de esta entidad gobernada desde noviembre por el morenista David Monreal Ávila.
En esa entidad aparecieron en noviembre del año pasado ocho cuerpos colgados en puentes y árboles de Fresnillo, el municipio con mayor percepción de inseguridad del país.
Especialistas coinciden en que, por su ubicación geográfica, Zacatecas es territorio de disputa entre los cárteles de Sinaloa, del Noreste y el de Jalisco Nueva Generación, considerado el más peligroso del país.
En casi una decena de municipios, los policías locales han renunciado por la violencia.
