Se espera que las cámaras se desplieguen en partes de Texas y Nuevo México durante el verano boreal y después en Arizona, California, Vermont y el ajetreado Valle del Río Grande de Texas en otoño e invierno, según una reciente evaluación del gobierno sobre cómo los dispositivos podrían afectar a la privacidad.
Los activistas proinmigrantes probablemente acogerán con satisfacción la mayor supervisión de una agencia que algunos han criticado por el uso excesivo de la fuerza y el racismo institucional.
Un sindicato de agentes de la patrulla fronteriza también apoya las cámaras, pues dice que podrían ayudar a las investigaciones criminales y a demostrar que los agentes actúan profesionalmente.
La Unión Americana de Libertades Civiles y otros grupos han pedido a la Patrulla Fronteriza que use las cámaras para mejorar la rendición de cuentas a raíz de varios tiroteos mortales por las fuerzas del orden en la última década.
Brandon Judd, presidente del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza, subrayó que los agentes deberían tener acceso a las grabaciones, incluso cuando un agente es acusado de haber actuado mal.
«No hay forma de borrar las grabaciones, no hay forma de manipularlas, así que no hay razón para que los agentes no tengan acceso», dijo en una entrevista.
La agencia matriz de la Patrulla Fronteriza, la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP), es la mayor agencia policial de Estados Unidos, lo que supone un reto único para la recogida y el almacenamiento de las grabaciones de vídeo.
Según la evaluación de la privacidad, las grabaciones de actividades ilegales, uso de la fuerza o mala conducta de los agentes podrían usarse como prueba en investigaciones o procesos judiciales.
Las cámaras podrían ofrecer una nueva visión de la vigilancia policial en la frontera sur, donde las detenciones de inmigrantes han alcanzado en los últimos meses máximos de los últimos 20 años y los encuentros se producen a veces en zonas remotas.
