El Gobierno ha propuesto a los sindicatos una subida del salario de los empleados públicos para los próximos tres años que contempla un aumento adicional del 1,5% para 2022, que se sumaría al 2% ya establecido en los Presupuestos Generales del Estado, y daría como resultado un incremento final del 3,5%. Para 2023, esta alza se rebajaría hasta el 2,5%, y en 2024 se quedaría en el 2%, según fuentes sindicales. En total, un 8% para el próximo trienio que repercutiría sobre un colectivo cercano a los tres millones de trabajadores, y cuyos representantes han calificado de insuficiente. Los agentes sociales se han emplazado a un nuevo encuentro este jueves, en el que se revisarán estos y otros aspectos planteados en la propuesta que el Ministerio de Hacienda y Función Pública les ha hecho llegar en el encuentro de esta tarde, entre ellos la extensión la jornada laboral de 35 horas semanales, como avanzó este miércoles EL PAÍS.
El objetivo de esta senda de crecimientos salariales es luchar contra el auge de la inflación, algo que, para Julio Lacuerda, secretario general de UGT Servicios Públicos, no se logrará con estas cifras. “Aunque existen ciertas novedades en la propuesta del Gobierno, como la actualización del porcentaje establecido para 2022, estamos preocupados por el hecho de que se quiera resolver la subida del 2023 en el 2,5%, que con las expectativas actuales nos parece claramente insuficiente”, ha indicado. “Para nosotros lo más importante es alcanzar un acuerdo que amortigüe lo más posible los efectos negativos de la inflación para todos los empleados públicos. Estaríamos mucho más tranquilos si el tratamiento para el siguiente año fuera el mismo que para el actual. No son cifras que estén tan lejos”, ha remachado.
“Valoramos que se haya abierto esta mesa de negociación, pero se ha hecho algo tarde”, ha indicado, por su parte, Humberto Muñoz, coordinador del Área Pública de CC OO. “Es necesario que el Gobierno haga un esfuerzo adicional sobre las cifras que propone para 2023 y 2024 para compensar la pérdida de poder de compra de los más de tres millones de trabajadores públicos y sus familias. Nosotros estimamos que la subida completa a tres años debería estar en torno al 9,5% o al 10%. Falta por concretar si el Gobierno acepta esta propuesta, y si lo hace, cómo se distribuye en los distintos años, y si se incluyen también cláusulas de revisión”, ha completado.
Miguel Borra, presidente de CSIF, ha valorado el inicio de un proceso de negociación con Hacienda para revisar las condiciones de los empleados públicos “después de que el Gobierno llevase dos años sin querer sentarse”. Un cambio de opinión que ha atribuido a la manifestación que tuvo lugar el sábado pasado por las calles de Madrid, a la que acudieron 17.000 personas, según la delegación del Gobierno, y 70.000 en cálculos de los convocantes. “Hemos doblado el brazo del Gobierno”, ha celebrado, a pesar de considerar “muy insuficientes” las cifras que están sobre la mesa.
Desde el Ministerio de Hacienda, que asumió las competencias de Función Pública en julio del pasado año, rechazan hacer valoraciones sobre el planteamiento trasladado en la reunión de este miércoles (a la que se llegaba después de que UGT y CC OO amagasen con convocar manifestaciones para reclamar la mejora de la situación del colectivo de empleados públicos, y después de que CSIF sí lo hiciera), y su posible evolución en los próximos encuentros.
Junto con la revisión salarial, el Ministerio de Hacienda también ha planteado otras modificaciones en el ecosistema público como la determinación de la jornada laboral de 35 horas semanales o mejoras para la promoción interna, la movilidad y el acceso. Del mismo modo, también ha propuesto mejoras para el personal laboral del exterior (pero que no ha concretado); el desarrollo de la Ley de Función Pública (en la que se incluye la evaluación del desempeño); el fortalecimiento del teletrabajo, y la implementación de fórmulas de captación de talento.
Los trabajadores públicos han elevado el tono contra el Gobierno en las últimas semanas reclamando una mejora salarial que suture la pérdida de poder adquisitivo que han venido padeciendo desde 2012. Entonces, el Gobierno de Mariano Rajoy decretó una congelación de los sueldos, con la que se dio comienzo a una pérdida acumulada en la siguiente década que los sindicatos sitúan en el 20%. El último pacto plurianual acordado por el Ejecutivo con las organizaciones sindicales se fijó, precisamente, con el último Gobierno del PP, cuando se determinó un incremento salarial del 1,75% para 2018, del 2,5% para 2019 y del 2% para 2020. Desde entonces, el Gobierno de coalición lo ha mejorado en un 0,9% en 2021 y en un 2% en 2022, que ahora ha actualizado.
La irrupción del coronavirus dejó al descubierto las limitaciones de una plantilla pública mermada y extasiada que reclama ahora una mejora de sus condiciones de trabajo en medio de un contexto inflacionista todavía sin fecha de caducidad. Sus reclamaciones pasan porque, de igual forma que el Gobierno ha blindado las pensiones emparejándolas con el IPC en la última reforma, y plantea elevar el salario mínimo interprofesional nuevamente en 2023, los sueldos públicos sean otra de las patas que se reformen.
Atendiendo a los últimos datos de la estadística del Ministerio de Trabajo que se remontan al mes de agosto, más de siete millones de trabajadores del sector privado vieron mejorada su nómina en un 2,6%, casi ocho puntos menos de lo que lo hizo la inflación en ese periodo (10,4%).
