Desde el 2007, la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual por Sacerdotes (SNAP, por su siglas en inglés), ha atendido 600 casos de violación y abuso sexual cometido por líderes religiosos en México. La península yucateca no está exenta de esos ilícitos, informó uno de los socios fundadores de la asociación, Erick Barragán Burgueño.
El activista no precisó estadísticas, ya que todas las denuncias se manejan con altos estándares de confidencialidad. “En ocasiones ni los padres de las víctimas conocen la situación y no saben que han denunciado. Pero sí tenemos casos en los estados de la península”, sostuvo.
La cifra solo es la punta del iceberg: Barragán Burgueño estima que solo una de cada 100 víctimas se anima a denunciar ante el temor que les inspira la autoridad religiosa. “Es muy duro, uno se enfrenta al dolor de la violencia, a la familia, a los feligreses. La mayor parte de las víctimas lo será en silencio, por los ataques que sufren cuando exponen sus casos”, detalló.
Otra parte de las personas afectadas se dan cuenta de que fueron víctimas de un ilícito después de muchos años. Erick comprende esa situación: él fue violado por un sacerdote a los 12 años. Sin embargo no fue hasta los 24 años que pudo asimilar el impacto del suceso.
“Fue muy duro para mi, no quise salir a la luz, no quise denunciar ni interrumpir la vida que tenía en ese momento. Me di cuenta de que eso me estaba afectando solo porque mis hermanos sufrieron lo mismo y denunciaron”, relató.
Como él, muchas víctimas atraviesan una fase de negación y hasta los 40, 50 ó 60 años pueden hablar al respecto. Sin embargo a esas alturas las autoridades rechazan las denuncias bajo el argumento de que el delito prescribió, es decir, que venció el plazo legal para ejercer alguna acción jurídica.
Por ello, las personas agredida suelen buscar diálogo con la iglesia católica o con el grupo religioso al que pertenece el líder agresor para buscar la reparación del daño. “Las instituciones pueden investigar, ofrecer apoyo psicológico, moral, tratar de limpiar la situación. Reconocer a la víctima, que a veces es mucho más importante que ver al pederasta encarcelado”, puntualizó.
Sin embargo, entre los representantes religiosos mexicanos los denunciantes solo han encontrado cerrazón, pues desde hace décadas solamente se ha encubierto a los agresores, se les traslada, se niegan los delitos e incluso se culpa a las víctimas, precisó.
“Dicen que fueron los menores los que provocaron a los sacerdotes, que no hablaron a su tiempo. Entonces se vuelve un ciclo mucho más violento contra las víctimas, que al final solo quieren reconocimiento”, dijo el activista.
Actualmente menos de cinco líderes religiosos están en prisión bajo los cargos de violación y abuso sexual, y “están tratando de zafarse de sus condenas”, lo cual para Barragán Burgueño es “doloroso” en tanto se transmite a las víctimas el mensaje de que el crimen “no importa, nadie va a escuchar y no habrá justicia”.
Barragán Burgueño insistió en que a ocho años de que se promulgó la Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, “no se han tomado pasos para proteger a la niñez de la pederastía en varios estados del país”, por lo que instó a que se implementen acciones para evitar más casos de violación y abuso sexual. También mencionó que la SNAP está trabajando en una propuesta para que las personas adultas que hayan sido víctimas de esos ilícitos puedan denunciar sin obstáculos como la prescripción legal del delito.
“México se ha convertido en un paraíso de pederastas nacionales y extranjeros, que llegan a las comunidades más marginadas del país, porque no ha habido leyes para proteger a la niñez”, externó.
Cabe mencionar que de acuerdo al activista, la SNAP ha atendido casos en Oaxaca, Michoacán, Guerrero y San Luis Potosí con mayor frecuencia.
Texto: Lilia Balam.
