En medio de la pandemia y la contracción económica, el Congreso de Baja California aprobó dos nuevos impuestos que aportarían al menos 40 millones de pesos al mes al erario estatal. Se trata del impuesto “ambiental” a expendedores de combustible y un gravamen para las plataformas de alimentos.
A propuesta del gobernador morenista, Jaime Bonilla, el congreso de mayoría Morena avaló los gravámenes durante una sesión virtual y con el rechazo del empresariado.
La justificación del gobernador y de los diputados priistas para crear el “impuesto ambiental”, es que los combustibles generan contaminantes como el co2 y los expendedores deben asumir un costo por vender algo que contamina. El extraño argumento figura en la exposición de motivos que a la letra reza:
“Dicha contribución será a cargo de las personas físicas, las personas morales y las unidades económicas residentes en el estado o los residentes fuera del estado, que expidan los bienes o productos que contaminan, lo anterior en virtud de la responsabilidad que deben asumir al enajenar los mismos, obteniendo un ingreso por ello. Lo anterior en la búsqueda de que, al obtener ingresos por venta de sustancias contaminantes, contribuya para resarcir el daño al ambiente.”
En Baja California existe el programa de verificación vehicular desde el año 2013, en el que se establecen los parámetros bajo los cuales el transporte puede circular según los contaminantes que emita. Al igual que en el centro del país, el no verificar acredita a una multa.
Ahora, lo que el Congreso estatal aprobó finalmente es un nuevo gravamen a los combustibles, el cual se suma al ya existente que es el Impuesto Sobre Productos y Servicios (IEPS). De acuerdo con la ley, sólo el Congreso de la Unión puede gravar los combustibles, por lo tanto, el nuevo gravamen local podría ser objeto de controversias constitucionales o de amparos por parte de los comerciantes.
De acuerdo con el nuevo impuesto, los empresarios serán ahora responsables de vender un producto que es indispensable, pero que contamina, lo cual resulta un contrasentido.
En el nuevo impuesto se establece que el costo no podrá ser trasladado al consumidor último, es decir, al ciudadano común y corriente que compra su tanque de gas o su litro de gasolina. El nuevo gravamen debe ser absorbido por el empresario.
Al aclararse que no sólo es para empresas locales, sino también para las que están fuera del estado, se entiende que gasolineras como British Petroleum, Arco, 7-Eleven y todas las gasolinerías extranjeras están obligadas a pagarlo, no solo quienes cuentan con una franquicia de Pemex o gasolineras mexicanas.
El impuesto es de 0.17 centavos, sin embargo, los montos a recaudar varían, ya que la gasolina, el diésel, el gas natural y el gas LP, generan distintos kg de co2.
Por ejemplo, la gasolina, que por un litro genera 2.196 kg de co2, se pagarían 0.17. Si se toma en cuenta que un automóvil se llena en promedio con 45 litros y en el estado hay un millón 200 mil autos, y considerando que cada persona llene su tanque dos veces al mes, entonces el estado recibiría aproximadamente 40 millones 300 mil pesos cada mes, sólo por gasolina, y todo ello lo pagarían los empresarios, quienes además pagan el IEPS.
Según la tabla que se establece en la exposición de motivos, por cada litro de diésel se generan 2.471 kg de co2, por un kilogramo de gas natural 2.690 y por cada kilogramo de gas lp 3.000.
El Congreso local aprobó también gravar con 1.5% a las plataformas de internet de entrega de comida a domicilio. De ellas se desconoce cuántas existen en el estado.
ada uno de estos gravámenes fueron aprobados en sesión virtual y aprobadas cerca de las 11 de la noche, hora del centro del país.
Desde que inició la fase 2 de la pandemia, el gobernador Jaime Bonilla advirtió que el Congreso no pararía, y es que ya se tenía contemplado aprobar este nuevo impuesto, además, se espera que la próxima semana avalen una nueva ley para las comisiones estatales de servicio de agua, la cual ya ha sido cuestionada por los defensores del agua.
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