Unos 100 ex trabajadores del gobierno estatal se manifestaron este día a las puertas del Palacio de Gobierno solicitando ser liquidados conforme a la ley, pues afirmaron haber sido despedidos de manera injustificada.
Los quejosos partieron desde el barrio de Santa Lucía hasta Palacio de Gobierno, sitio en el que, con la ayuda de pancartas, se plantaron más de una hora a la espera de ser atendidos por algún funcionario estatal.
Al grito de “¡Justicia, justicia!”, los extrabajadores solicitaron una audiencia, aunque fue hasta después que amagaron con ingresar al sitio que fueron atendidos.
Roger Canul Rubio, ex empleado de la Secretaría de Salud, explicó que se trata de miles de personas que perdieron su empleo de manera injustificada al iniciar la nueva administración estatal, tanto sindicales, como de base y de confianza, los cuales no recibieron las indemnizaciones correspondientes.
“Somos gente que existe, hay manera de comprobar que estuvimos trabajando. Estamos aquí personas de 15 dependencias que perdimos nuestro empleo. Es un atropello a nuestros derechos humanos. Aquí no hay colores, por eso queremos ser escuchados”, dijo.
Unos 5 ex trabajadores ingresaron a Palacio de Gobierno, donde fueron atendidos por Carmen González Martín, subsecretaria general de gobierno y José Puerto Patrón, director jurídico de la Secretaría General de Gobierno.
Al salir de la reunión, los ex empleados precisaron que se acordó que sería el 7 de marzo próximo cuando de respuesta a sus peticiones.
Sobre esto, Dulce Peraza Sánchez, ex trabajadora del Registro Civil, mencionó que los trabajadores están conscientes de que al haber un cambio de administración puede haber despidos, aunque reiteró que estas personas deben recibir la remuneración correspondiente para no ser afectados.
La ex empleada que laboró 28 años en la administración estatal, dijo que los quejosos no quieren injusticias, por lo que piden al Ejecutivo estatal ser un gobierno humano “que se de cuenta de la situación que tienen las personas que se quedaron sin dar bienestar a sus familias”.
“Estamos buscando la justicia de cada uno de los despedidos, sabemos que no podemos irnos con lo que no nos corresponde. Que nos paguen lo correcto y que no violen nuestros derechos humanos y laborales”, apuntó.
Aseguró que este grupo representa a un total de 3 mil 500 trabajadores despedidos con un representante por dependencia, quienes laboraron para el Ejecutivo estatal entre los 11 y 28 años.
