A través de una carta, 23 exfuncionarios federales señalaron que las políticas ambientales del presidente Andrés Manuel López Obrador han llevado al país a retroceder 40 años.
Además lo acusaron de “abandonar y desmantelar” su propia Agenda de Medio Ambiente, que presentó durante la campaña electoral de 2018 que lo llevó el poder.
En dicho compromiso, aseguran, López Obrador reconoció que las Áreas Naturales Protegidas eran una “poderosa y extraordinaria herramienta para la conservación de la biodiversidad”.
“Hoy vemos con dolor y preocupación su desmantelamiento por decisiones del gobierno federal, (por eso) queremos reclamarle y conminarle a dejar de minar y desdibujar a las instituciones ambientales de México y suspender decisiones contrarias al marco legal que nos rige en materia ambiental”, manifestaron.
En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, los extitulares de Semarnat, Profepa, Conap, Conafor, Conabio, Conagua e Ineec arremetieron en contra de la refinería de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, la cual sólo acumulará grandes residuos de combustóleo, que será quemado en las termoeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Alegando que no buscan defender el pasado, aseguraron que la erosión de las instituciones ambientales impedirá enfrentar los grandes retos globales, como es el cambio climático.
“Las medidas que la Secretaría de Energía ha tomado para favorecer a la CFE en la producción de energía eléctrica y de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para aumentar los cobros de transmisión a empresas de energías limpias impedirán el cumplimiento internacional de tener el 35%” de éstas”, subrayan.
Los exfuncionarios firmantes de la carta, entre los que figuran Ignacio Loyola, Gabriel Quadri, Alejandro del Mazo Maza y Santiago Oñate sostienen que los amparos promovidos contra esas empresas enfrascarán al gobierno en demandas millonarias.
Asimismo, señalaron que el gobierno de López Obrador, a través de recortes presupuestales, está “desmoronando” a las dependencias relacionadas al medio ambiente, con el objetivo de que ninguna frene sus proyectos gubernamentales.
“Los principales proyectos del actual periodo de gobierno han iniciado sin las autorizaciones de impacto ambiental, o con estudios improvisados y sin aplicar correctamente las normas. Se está enviando la señal de que la normatividad puede eludirse o incumplirse en una invitación hacia la impunidad”, criticaron.
Por último, afirmaron que proyectos como el Tren Maya se han realizado con el apoyo de consultas distorsionadas, que violan los derechos de los pueblos originarios.
(Manuel Alejandro Godínez López)
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