Extraño caso, le dan a guardar a empleada casi 6 mdp de ventas y huye

La Fiscalía General del Estado (FGE) aportó los datos de prueba que permitieron vincular a proceso a M.T.M.R. por el delito de abuso de confianza, denunciado por los hechos ocurridos en la sucursal de un corporativo textil de esta ciudad de Mérida.

La denuncia, que derivó en la causa penal 297/2021, establece que el 16 de enero del presente año la encausada recibió del gerente administrativo de la empresa la cantidad de tres millones 828 mil pesos y más tarde, ese mismo día, otros 542 mil 300 pesos. Ambas cantidades de dinero, producto de las ventas de mostrador del corporativo ubicado en Tixcacal-Opichén, las resguardaría en su domicilio hasta que la gerencia general se los requiriera.

De igual manera, a finales del mismo mes, producto de las ventas de mostrador le fue entregado la cantidad de un millón 479 mil pesos, siendo que a finales de ese mes se le requieren las diversas cantidades de dinero a M.T.M.R. pero en cambio optó por ocultarse y posteriormente admitió que ya no tenía el dinero, lo que ocasionó un daño patrimonial a la persona moral de referencia, por lo que se presentó la formal denuncia ante la Fiscalía.

Durante la audiencia celebrada en el Centro de Justicia Oral de Mérida, los fiscales de litigación formularon la imputación del delito para después exponer los datos de prueba y solicitar se resolviera la situación legal de la imputada, quien estuvo de acuerdo con definir su condición jurídica durante la presente audiencia, por lo que el Juez Segundo de Control decretó el citado auto de vinculación a proceso y otorgó además el plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Por último, antes de concluir la audiencia, los fiscales de investigación expusieron los argumentos para solicitar la medida cautelar que incluye presentarse a firmar los primeros cinco días de cada mes al Centro Estatal de Medidas Cautelares, pagar 50 mil pesos como garantía económica, la colocación de un localizador electrónico y la prohibición de salir del Estado sin autorización judicial, medidas que estarán vigentes por todo el tiempo que dure el proceso.


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