Gran parte de las compras del Gobierno mexicano, en los últimos 17 años, estuvo concentrada en 52 proveedores. Los integrantes de esta élite corporativa figuraron, por lo menos durante un sexenio, entre las 10 empresas con más contratos, o bien, con mayores ingresos derivados de contrataciones gubernamentales.
Durante los sexenios de Vicente Fox Quesada (2000-2006) y de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) el Grupo Fármacos Especializados (GFE) tuvo más contratos (3 mil 225 en total) que ninguna otra empresa; y con Enrique Peña Nieto (2013-2018) y lo que va de Andrés Manuel López Obrador (al corte de abril) se impuso la distribuidora de perecederos Summa (12 mil 809 contratos en total).
En cuanto a las ganancias por sexenio, la especialista en comunicaciones y transportes Alstom, la empresa automotriz Pego, la distribuidora médica Cyber Robotic Solutions y GFE estuvieron a la cabeza con ingresos equiparables, en promedio, al cinco por ciento del gasto sexenal por contrato público.
En México, las contrataciones públicas “representan alrededor del 21 por ciento del gasto gubernamental y [el] 5 por ciento del Producto Interno Bruto”, de acuerdo con un estudio (2018) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Entre 2002 y 2019, los distintos órdenes de gobierno firmaron 1.9 millones de contratos por un monto aproximado de 6.5 billones de pesos, según las cifras de los reportes de “datos relevantes de los contratos ingresados a CompraNet”.
El 6.03 por ciento (111 mil 982) de esos contratos estuvo concentrado en 52 proveedores que acapararon el 19.1 por ciento (1.2 billones de pesos) del gasto total en contrataciones públicas del periodo.
A finales de 2007, el entonces Presidente Felipe Calderon (medio der.) y el ex Gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel (chamarra café), visitaron las instalaciones de Alstom México para inaugurar la primera fase de inversión de su Gobierno en turbinas de vapor. Foto: Alfredo Guerrero, Agencia Cuartoscuro.
Este nivel de concentración coincide con los hallazgos del Índice de Riesgos de Corrupción (2018) del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Según el documento, en México persisten dos tendencias: una alta concentración del gasto en unos cuantos proveedores, así como un grupo selecto de proveedores que se ve beneficiado por el sexenio en turno.
Las cifras oficiales indican que en 2002-2019, en promedio, el 80 por ciento de los contratos de las 52 empresas referidas fue adjudicado de manera directa, o bien, otorgado sin concurso público de por medio.
Esta situación, aunque puede deberse al grado de especialización de las empresas o a su capacidad de competencia en sus respectivos mercados, no obstante podría estar “asociada con la utilización ineficiente de los recursos públicos” y en algunos casos, con “actos de corrupción entre particulares y servidores públicos”, de acuerdo con la Agenda de Competencia (2018) de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
LAS PREFERIDAS
El año pasado, la Cofece determinó que en el sistema de contrataciones públicas existe una situación tal que “la búsqueda de la mayor concurrencia y competencia [en las contrataciones gubernamentales] no constituye la regla”.
En los últimos tres sexenios y lo que va del actual, hubo más de 205 mil proveedores gubernamentales, de acuerdo con las cifras oficiales analizadas por la Unidad de Datos de SinEmbargo. De ellos, 52 destacaron por sus altos niveles de contratación y/o de ingresos; aunque sólo 13 lograron mantenerse, por más de un sexenio, entre los 10 mayores proveedores gubernamentales.
En esta lista figuran las compañías Farmacéuticos Maypo y GFE, mismas que predominan hoy, tal como lo hicieron en las últimas tres administraciones. También están Nestlé, Summa Company y Procter & Gamble México (tres sexenios cada una), además de Alstom, Laboratorios Pisa, Solar Turbines, Efectivale, Grupo Industrial Maseca, Pepsico México, Conservas La Costeña y Unilever de México (dos, respectivamente).
Con Fox, por ejemplo, tres de cada 100 contratos y 14 de cada 100 pesos gastados, fueron obtenidos por al menos 10 empresas; y con Calderón la proporción en contratos fue la misma, aunque la concentración de ganancias (40 de cada 100 pesos) en unas cuantas manos fue casi tres veces mayor.
Durante los años de gobierno de Peña, en cambio, cinco de cada 100 contratos –casi el doble que con Fox y Calderón– fueron obtenidos por al menos 10 empresas, no obstante que la concentración del gasto fue a la baja, con ocho de cada 100 pesos –entre la mitad y cinco veces menos que con Fox y Calderón, respectivamente– en manos de 10 proveedores.
En los primeros cuatro meses de la actual administración, las cifras oficiales indican la mayor tasa de concentración de contratos (seis de cada 100) de los últimos 17 años, así como una tasa de concentración del gasto similar a la del calderonismo (16 de cada 100). Este dato, empero, únicamente refleja la tendencia del sexenio pasado, ya que muchos de los contratos vigentes fueron licitados en el año previo.
De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, el Gobierno del Presidente López Obrador combatirá “de manera frontal” las prácticas de desvío de recursos, de concesiones por actos de colusiorios, tráfico de influencias, compadrazgos y nepotismo, así como “el aprovechamiento del cargo o función para lograr cualquier beneficio personal o de grupo”.
Para ello, el Ejecutivo federal se comprometió a “prohibir las adjudicaciones directas” que, según el PND, son sinónimo de “corrupción” (aunque no necesariamente sea el caso).
ADJUDICACIÓN Y PRIORIDADES
Las adjudicaciones directas fueron el pan de cada día durante los últimos 17 años. En lo que va del nuevo Gobierno, así como en los tres sexenios anteriores, siete de cada 10 contratos fueron adjudicados.
Pese a que la tasa de adjudicaciones por número de contratos fue al alza (+1.4 por ciento) durante el periodo mencionado, el monto proporcional a los contratos adjudicados decayó, año con año, hasta alcanzar su promedio más bajo en 2019.
Entre los sexenios de Fox y Calderón, el monto adjudicado fue reducido en 12.7 puntos porcentuales (pasó de 94.6 a 81.8 por ciento de los egresos en contrataciones públicas). Con Peña, este indicador volvió a caer en 13 por ciento (de 81.8 a 68.8) y en los primeros cuatro meses de 2019, hubo una reducción adicional de 8.5 puntos (pasó de 68.8 a 60.3 por ciento).
Lo anterior indicaría que, aunque el número de contratos adjudicados ha sido el mismo desde hace 17 años, la cantidad de recursos adjudicados es menor en una tercera parte. Esto es que, la composición del gasto por procedimiento ha sido redistribuida paulatinamente, situación reflejada, asimismo, en la diversificación de procedimientos por sexenio.
Por ejemplo, las cifras de CompraNet sobre los 175 mil 982 contratos del periodo 2002-2006 indican el uso de dos tipos diferentes de procedimiento de contratación (adjudicación directa e invitación a cuando menos tres personas). En cambio, en 2007-2012 hay referencia del uso de adjudicaciones y concursos restringidos, además del uso de licitaciones públicas.
En los periodos 2007-2018 y enero-abril de 2019, a esos tres tipos de procedimientos se sumaron las referencias a excepciones de Ley, así como a proyectos de convocatoria.
La diversificación de procedimientos, empero, no implica que hayan mejorado las condiciones de competencia o que los riesgos de corrupción e ineficiencia presupuestaria fueran reducidos. Sin embargo, refieren una complejización creciente del sistema de contrataciones públicas (que habría de ser analizada con mayor detenimiento para conocer sus consecuencias).
Por otro lado, las contrataciones públicas por partida son un indicador que sirve para vislumbrar las prioridades del gasto presupuestario que, idealmente, están diseñadas de acuerdo con objetivos principales y transversales por sexenio.
Durante los años de Gobierno de Fox y de Calderón, el gasto concentrado en las 52 empresas analizadas por SinEmbargo fue para la compra de bienes y servicios médicos (51.1 y 30.4 por ciento, respectivamente), así como para bienes y servicios industriales (35.7 y 22.2) para el desarrollo, por ejemplo, de infraestructura eléctrica, de transporte, tecnológica y para maquinaria, entre otros.
Con Peña, en cambio, el gasto en bienes y servicios médicos (32.2 por ciento) fue menor al gasto en productos alimenticios (43.3 por ciento); y en los primeros meses del nuevo Gobierno, el gasto médico (58.9) superó al de los alimentos (21.7).
En promedio, en los últimos 17 años, el 74 por ciento del gasto concentrado en 52 proveedores gubernamentales fue destinado a la compra de productos médicos, industriales y alimenticios.
