El nuevo protocolo para las marchas en la Ciudad de México debe dejar claro que la policía puede hacer uso legítimo de la fuerza, pero con proporcionalidad y garantía de respeto a los derechos humanos, tanto de los manifestantes como de terceras personas y medios de comunicación, asegura Nashieli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos capitalina.
En entrevista con Proceso, agrega que también debe tomar en cuenta qué tipo de manifestación es, sus protagonistas y sus peticiones. Y adelanta que en el caso de que sean grupos de jóvenes identificados por ellos mismos como “anarquistas”, se debe pensar que ponerles a la policía enfrente “es una manera de provocarlos, pues es justo contra quienes se manifiestan”.
Los trabajos para este nuevo protocolo comenzaron el pasado domingo 7, cuando lo anunció la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, luego de que el viernes 5 Melanie “N”, de 16 años, fue agredida por efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana mientras participaba en la manifestación contra el abuso policial que ocasionó las muertes de George Floyd en Estados Unidos y de Giovani López en Guadalajara.
En videos difundidos en redes sociales se observó que la joven cayó al suelo y que varios policías pasaron a su lado corriendo, la patearon en la cara y su cabeza rebotó en el piso. Al menos dos uniformados fueron vinculados a proceso por el delito de abuso de autoridad y enviados al Reclusorio Preventivo Varonil Sur mientras se hace la investigación complementaria.
Pero la detención de los policías no fue suficiente para los manifestantes. El lunes 8 poco más de 100 encapuchados salieron a protestar por el abuso contra Melanie. En calles del Centro capitalino dañaron mobiliario urbano, monumentos y edificios históricos y saquearon tiendas. Aunque estaba en calles aledañas, la policía capitalina no intervino.
La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México calculó que las pérdidas causadas por los manifestantes en ambas marchas fueron de 22 millones de pesos y alertó del riesgo de que la “cautela de la autoridad” sea una “licencia de impunidad”.
Sheinbaum afirmó que ese protocolo será elaborado en coordinación con las secretarías de Gobierno y Seguridad Ciudadana, organizaciones civiles y la Comisión de Derechos Humanos capitalina.
“Proporcionalidad”
Nashieli Ramírez, ombudsperson capitalina, es firme: “Hay elementos que no van a cambiar en el nuevo protocolo. Por ejemplo, los principios de proporcionalidad y racionalidad del uso de la fuerza. Se tiene que asegurar que haya una libre expresión, pero también que el que no protesta, el que vive y trabaja por donde va la manifestación, pueda tener sus derechos de integridad y movilidad asegurados. Eso se busca en los protocolos”.
En la Comisión, añade, el enfoque de garantía de derechos humanos dice que “los policías puedan hacer uso legítimo de la fuerza, pero lo deben hacer con proporcionalidad y que garantice los derechos humanos”. El gran problema, aclara, es cuando la actuación policial es desproporcionada, tanto al dejar a los manifestantes dañar propiedad privada como cuando hacen detenciones arbitrarias y violentas.
Ramírez recuerda que de 2013 a 2017 la Comisión ha emitido ocho recomendaciones relacionadas con la actuación de la autoridad en marchas y manifestaciones públicas en las que se demostró “represión y abuso abiertos” de los policías contra los participantes y en las cuales uno de los principales puntos a cumplir era realizar un protocolo de actuación.
Son las recomendaciones 7/2013, 11/2014; en 2015 las 9,10, 11, 16 y 17 y la 11/2016. En éstas la Comisión pidió al gobierno local la revisión de protocolos de actuación policial en el control de multitudes en las marchas. De hecho, el 29 de marzo de 2017 se publicó en la Gaceta Oficial de la Cdmx el Protocolo de Actuación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México para la Protección de Personas en el Contexto de Manifestaciones o Reuniones.
Y aunque en la actual administración no ha habido recomendaciones de este tipo, el gobierno de Sheinbaum no se ha salvado de protestas violentas. Por ejemplo, las de agosto de 2019 protagonizadas principalmente por mujeres que reclamaban justicia por las víctimas de violación a manos de los propios policías.
Jóvenes y protesta social
De acuerdo con Ramírez, en el nuevo protocolo la primera clave debe ser el diálogo, pero con base en el tipo de manifestantes y su demanda. Explica que hay protestas en las que participa mucha gente de distintas edades, de manera pacífica y con las que se puede llegar a acuerdos para que hagan su protesta y se atienda su demanda.
Sin embargo, aclara que “la manera de expresarse de los jóvenes que se manifestaron el lunes pasado no es hablar, es la acción directa. Tenemos que ver procesos de disuasión, pero deben ser diferentes a los que tradicionalmente se hacen”.
La especialista en derechos humanos afirma que en 2016, cuando se trabajó el más reciente protocolo, esos grupos conocidos como “de acción inmediata” –no de anarquistas– “eran más pequeños y sus acciones no eran tan escaladas en la violencia; hacían presencia en grandes movilizaciones, pero no se veían tan contundentes”.
Ahora, sigue, “están más organizados, tienen más presencia y dominan el escenario”. Sin embargo, destaca que sus expresiones no son exclusivas de la Cdmx ni de México, sino que también se presentan otros países. “No son únicos en el mundo. Los chavos lo hacen como un mecanismo de protesta social. Otra cosa es que haya quien no los acompañe, quien piense que no suman, pero sigue siendo un mecanismo de protesta social”.
–¿Considera que la “no actuación” de la policía en las manifestaciones violentas del lunes 8 fue lo adecuado?
–Para como estaba la circunstancia en especial, sí. Hubiera sido ponerles enfrente al motivo de su enojo. Me sorprendió que no pesaban más de 50 kilos y lo que provocaron. Eso fue por la cantidad de enojo, de rabia que traían… De haber actuado la policía, estaríamos hablando, por lo menos, de muchos heridos… Pero aclaro que no es lo adecuado siempre. Hay que contextualizar cada situación.
–La jefa de Gobierno dijo que no cayeron en la provocación.
–Yo no hablaría de provocación, yo hablaría de, en verdad, las condiciones de la expresión. Ponerles a la policía enfrente nos habría llevado a niveles graves. Hay que manejar otro tipo de rutas para que no se vuelva a pensar en el mensaje de que hay total impunidad.
–Y ¿qué decir de los saqueos?
–No justifico el saqueo de la tienda Adidas. Es ropa que ellos no van a tener, pero hay que ver más allá de qué es lo que están queriendo decir. También se metieron a un Oxxo, sacaron un montón de cosas y las repartieron a los trabajadores de limpia. Así de contradictorio. Una aproximación simplista nos va a hacer equivocarnos.
Ramírez aclara que en el proceso de elaboración del nuevo protocolo propondrá que participen policías “que hayan estado en este tipo de operativos para que nos digan cómo los viven, cuáles son las cosas que tenemos que conciliar y que no nos guiemos sólo por lo que se ve desde las cámaras del C5. Sabemos que los niveles de adrenalina suben estando en los operativos, por eso es importante que ellos participen”.
Y enfatiza: “No se puede avanzar en la seguridad ciudadana si no se hace con la policía. Tenemos que darles mejor paga, mejores insumos para protegerse, mejores condiciones laborales, capacitación y fortalecimiento de sus conocimientos en derechos humanos”.
La idea, insiste, es no caer en “salidas autoritarias”, como ocurrió en Guadalajara, “que se les pasa un poquito la mano y los matan, o los desaparecen. Para que no pase eso, tiene que haber una guía. Y para eso se van a hacer mesas de trabajo”.
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