A pesar de que un juez federal del tercer distrito pidió a las autoridades de la Secretaría de Salud de Yucatán administrar el medicamento para la rara enfermedad (Alfa 1 Antitripsina) que sufre Jennifer Macdonald en un lapso de 24 horas, la institución continúa en desacato. Macdonald lleva 10 días internada en el Hospital Benito Juárez de la ciudad de Mérida y hasta ahora no le dan respuesta de cuándo le administrarán el tratamiento que le salvaría la vida.
Jennifer Macdonald es una mexicana que se mudó a Chelem debido a que sufre una enfermedad que podría llevarla a la muerte. El tratamiento aprobado por la Cofepris es costoso, aproximadamente 26 mil pesos semanales, y sólo se consigue en un laboratorio de la Ciudad de México, y al cual Jennifer Macdonald ha accedido anteriormente viendo una mejoría sustancial.
Su abogado, Néstor Muñoz Góngora, comentó que la resolución del juzgado federal aclara que la resolución final de si le ofrecerán tratamiento permanente se dará hasta el siete de mayo. Hasta esa fecha se estudiará “a fondo” los argumentos para demostrar que Jennifer Macdonald tiene derecho a recibir las vacunas para detener esta enfermedad degenerativa; sin embargo, para no poner en peligro la vida de la paciente, el juzgado consideró necesario que -independientemente de la resolución del siete de mayo- se le proporcione el tratamiento a Jennifer Macdonald en un plazo de 24 horas. Ella se encuentra en uno de los cuartos del hospital sin ser atendida desde hace dos semanas.
“Estamos en una batalla legal porque la Secretaría de Salud dice que no tienen un documento donde conste que uno de los médicos le prescribió este medicamento. Nuestra contraargumentación es que ese es un tema de fondo que se discutirá hasta el siete de mayo, pero mientras tanto la orden es darle el medicamento”
Los médicos del IMSS le han hecho estudios, de los cuales Macdonald asegura desconocer el resultado. También argumentan que la enfermedad no está en el cuadro básico y le han comentado que deben regresarla al Centro Médico Nacional La Raza (CDMX) donde le dieron el diagnóstico de la enfermedad en 2015 ya que “no cuentan con el expediente”.
Sobre este último punto, Néstor Muñoz entiende que es porque lo perdieron, aunque la paciente cuenta con documentos institucionales donde aparece el diagnóstico por lo que ambos consideran innecesario este viaje que podría afectar más su salud: Macdonald se mudó de la Ciudad de México por recomendación médica.
Asimismo, han argumentado ante el juez, de acuerdo con Néstor Muñoz, que el medicamento no se encuentra en México aunque el abogado de la paciente ha aportado en el expediente en qué laboratorio se consigue. Incluso ella ha comprado ahí anteriormente.
“Los jueces están comprando el argumento de que el IMSS está en trámites. Nos dicen que ellos no son médicos y deben creerle a los médicos en vez de a la paciente. Pero no hay un indicio que estén en vías del medicamento. Hemos aportado criterios jurídicos, sentencias de la corte en casos similares a los de Jennifer que obligan a las autoridades a administrar el medicamento que le hace bien a la paciente, incluso si no lo prescribieron los del IMSS”, agregó.
