La CIDH alerta sobre daños físicos y psicológicos a menores por la pandemia

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó sobre los daños a la salud física, emocional y psicológica en niños, niñas y adolescentes, a consecuencia de la pandemia de covid-19 en el continente.

A través de la Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada para la crisis derivada de la pandemia del covid-19 (SACROI Covid-19), el organismo hemisférico urgió a los Estados a “adoptar medidas urgentes y reforzadas para asegurar el goce de los derechos de niñas, niños y adolescentes” ante la pandemia que, en el continente ha puesto en evidencia que la desigualdad preexistente, las afectaciones en los derechos humanos “tienen impactos más acentuados y de forma diferenciada en las personas en situación de mayor vulnerabilidad”, como los menores de edad.

La CIDH instó a los Estados a “priorizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes frente a la pandemia, en particular de quienes no cuentan con cuidados familiares, que están en situación de calle, en condición de pobreza, en centros de privación de la libertad y quienes se encuentra en instituciones de cuidado”.

El organismo dio cuenta de que pese al principio de la pandemia la mayoría de las víctimas estaban en personas mayores de 60 años y con otras afecciones degenerativas, en tanto que en otras regiones la incidencia en menores es de 1.8%. En países como Argentina, Brasil, Honduras y Panamá, la incidencia de contagio y letalidad entre la población menor a 18 años ronda en 5%, mientras que recientes investigaciones indican que “la infección por el virus puede dejar consecuencias graves para diferentes órganos”.

La CIDH resaltó el riesgo de incrementar los niveles de violencia en los hogares ante la contingencia, tomando en cuenta que “seis de cada diez niñas y niños en las Américas son criados con métodos violentos que incluye castigo físico y agresión psicológica, los cuales podrían agravarse durante el periodo de aislamiento”, registrándose durante la cuarentena un aumento en la violencia intrafamiliar en Argentina, Brasil, Colombia, México, Paraguay y Perú.

Acceso a la educación y migración

Entre las preocupaciones del organismo derivadas del aislamiento social, está la falta de garantías para que la niñez y la adolescencia tengan acceso a la educación, pues a pesar de que la mayoría de los Estados de la región han implementado educación a distancia, cabe destacar que 33% de la población de América Latina no tiene acceso a internet.

La CIDH externó su preocupación por la situación de la población adolescente privada de libertad en centros de justicia juvenil, que podrían verse expuestos al contagio, por lo que llamó a su liberación “siempre que sea posible” para la reducción del hacinamiento y privilegiando otras alternativas al encierro.

En cuanto a la población infantil en contextos migratorios o de desplazamiento, el organismo consideró que está en un “mayor grado de vulnerabilidad”, de ahí que alentó a que “cualquier política migratoria y decisión administrativa o judicial relacionada con la entrada, estancia, detención, expulsión o deportación de niña, niño o adolescente”, debe tomar en cuenta su interés superior.

Tras mencionar algunas acciones a favor de la niñez durante la pandemia, adoptadas por Argentina y Brasil, en materia de protección por la violencia intrafamiliar, así como por la habilitación de un portal virtual en México para informar sobre el covid-19 a los más pequeños, el organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) retomó algunas de las recomendaciones formuladas en la resolución 01/20, “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas”.

Recomendaciones

Entre los consejos a los Estados resalta el reforzamiento de la protección de la niñez y adolescencia, “especialmente aquellos que no cuentan con cuidados familiares y que se encuentra en instituciones de cuidado” para prevenir contagios por covid-19; prevenir “la violencia intrafamiliar, discriminación, abuso y explotación de niñas, niños y adolescentes y activar campañas de concientización y difusión de números telefónicos de denuncia”, atendiendo las quejas con debida diligencia.

Además, se recomienda a los Estados “disponer de mecanismos” que permitan a la población menor de 18 años a “seguir con el acceso a la educación y nivel de desarrollo requieran”, incluida la población con algún tipo de discapacidad; promover rutinas y actividades recreativas, que garanticen la salud física, psíquica y emocional”.

Asimismo se sugiere “disponer de mecanismos y procedimientos de acogida y asistencia efectivos de protección integral de los derechos humanos”, para la niñez y adolescencia en situación de movilidad humana y desplazamiento y “adoptar medidas para garantizar el derecho a la participación de las niñas, niños y adolescentes, brindando oportunidades para que sus opiniones sean escuchadas y tomadas en cuenta”.

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