Al concluir su visita oficial a México, la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Michelle Bachelet, se va sorprendida por la dimensión de la crisis en materia de garantías fundamentales y las violaciones a éstas que pudo conocer. «México tiene cifras de muertes violentas propias de un país en guerra: 252 mil 538 desde 2006».
Ayer, la funcionaria internacional informó en conferencia de prensa acerca de sus trabajos en el país (del 5 al 9 de abril), hizo un balance de la situación de los derechos humanos tras sus encuentros con víctimas, integrantes de organizaciones civiles y representantes de diferentes dependencias del Estado.
Sin duda, enfatizó, uno de los temas más graves es el de las desapariciones; pero también los feminicidios, la violencia contra defensores y periodistas, los casos de tortura y los abusos contra migrantes, así como los altos índices de pobreza –sobre todo en las comunidades indígenas–, la necesidad de que el desarrollo sustentable respete los derechos humanos y que para emprenderlos se realicen consultas apegadas a los estándares internacionales, además de las detenciones injustas, como en el caso Tlanixco.
“Para mí ha sido una sorpresa lo que he encontrado. Sin duda, el caso de Ayotzinapa se conoce bien por la prensa, pero los 40 mil desaparecidos no era algo que tuviera así de claro, de los 26 mil cuerpos sin identificar (en los servicios forenses). O de casi 10 mujeres asesinadas al día. Sabía muy bien de la violencia, pero no tenía idea de la dimensión (…) Son datos aterradores.”
Destacó que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador haya reconocido hace unas semanas que la búsqueda de desaparecidos es prioridad y responsabilidad del Estado. Además de que se combatirá la impunidad.
Los reporteros insistieron en conocer su opinión sobre la sentencia del Presidente de la República de que la Guardia Nacional (GN) tendrá mando militar, pero Bachelet omitió responder las interrogantes, aunque dijo que esa corporación «puede abrir una oportunidad para crear una nueva fuerza policial de naturaleza civil capaz de lidiar con el inconmesurable flagelo del crimen organizado y de las grandes redes del narcotráfico, y hacerlo de forma respetuosa con los principios fundamentales de derechos humanos». En caso de no cumplirlo, deben ser sancionados, advirtió.
México, destacó, vive una etapa crucial. «Es un momento de transformación y de oportunidades que se ha abierto desde la llegada al poder del nuevo gobierno. El presidente López Obrador ha expresado su voluntad de implementar un cambio de paradigma: uno que asume la centralidad de los derechos humanos. Yo no sólo reconozco esta determinación, sino que muestro mi voluntad, y la de mi oficina en México, de apoyarla».
Otras de sus preocupaciones son el hacinamiento en las cárceles y el problema crónico de la tortura generalizada en los centros de detención. «De especial preocupación son las denuncias de tortura sexual sufrida por mujeres en detención, dado que una de cada 10 afirma haber sido víctima de violación durante ese proceso».
La alta comisionada hizo varias recomendaciones: que se concrete la visita del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, solicitada desde 2013, y que se reconozca la competencia de éste para recibir comunicaciones individuales; reforzar el Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas; que se reciba a los relatores especiales y grupos de trabajo de las Naciones Unidas que han solicitado visitar México; que se ratifiquen los protocolos facultativos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el de la Convención de los Derechos del Niño, entre otras.
