El gobierno mexicano tiene hasta el 23 de enero de 2022 para responder a la argumentación de las 11 armerías estadounidenses que reclaman desechar la demanda en su contra, determinó hoy una corte de Boston.
El juez Dennis Saylor, de la Corte Federal de Massachusetts, fijó ese plazo, luego de que el pasado 22 de noviembre las armerías respondieran a la demanda que México presentó en su contra, acusándolas de incurrir en negligencias que facilitan el tráfico ilegal de armas.
El juez para el 27 de enero de 2022 la audiencia donde se considerará la solicitud de las armerías de desechar el caso.
Las empresas armamentísticas coincidieron en que la acusación mexicana no tiene razón de ser, ni fundamento, rechazando facilitar o promover el acceso de grupos del crimen organizado a las armas que ellos fabrican. También dijeron que México se equivocó en presentar la demanda en una corte que no tiene jurisdicción para el caso que presenta.
Cada fabricante de armas, así como el distribuidor Witmer, presentó su propio argumentario ante la corte: Witmer, por ejemplo, señaló que “el demandante [el gobierno de México] hace reclamos vagos, demasiado amplios y que abarcan a todos los demandados; es imposible determinar qué causas o acciones se dirigen realmente a Witmer”, así como carece de “acusaciones específicas directas” contra la empresa.
Barrett Firearms Manufacturing, Inc., con sede en Tennessee y fabricante de rifles de gran calibre, alegó que “la demanda no proporciona afirmaciones fácticas que demuestren de manera plausible un derecho a cualquier reparación del demandante contra Barrett. Es razonable suponer que el Demandante incluiría alegatos fácticos para respaldar su reclamo en su voluminosa queja de 135 páginas si pudiera hacerlo.
No hay ninguno. Por lo tanto, la única inferencia razonable es que el demandante no incluyó tales alegaciones porque no podía hacerlo sin entrar en conflicto con los requisitos de alegato de buena fe del tribunal”.
Sturm, Ruger & Co., que vende más de 8 mil variaciones de armas en 40 líneas de producto, criticó que “el gobierno mexicano se basa en la cadena de eventos vaga, sin respaldo y altamente atenuada […] que involucra a presuntos múltiples actores no relacionados con Ruger, algunos de los cuales supuestamente actuaron de manera criminal, para conectar las actividades legales de Ruger en Massachusetts con la violencia criminal en México”.
