PESE a que reciben importes multimillonarios de fondos públicos y pedidos anticipados, los fabricantes de vacunas han monopolizado la propiedad intelectual, impedido la transferencia de tecnología y llevado a cabo un trabajo agresivo de incidencia contra las medidas que podrían ampliar la fabricación global de vacunas contra el covid-19, informa Amnistía Internacional (AI) este miércoles.
“Algunas empresas —Pfizer, BioNTech y Moderna— han suministrado hasta el momento su producción casi exclusivamente a los países ricos, anteponiendo así las ganancias a la salud para todas las personas”, denuncia la organización en su más reciente informe “Dosis doble de desigualdad”.
En el documento Amnistía Internacional evalúa lo que los principales fabricantes occidentales “realmente hicieron y se busca el origen de las decisiones empresariales que beneficiaron a un pequeño número de países ricos al tiempo que impedían que otros fabricantes produjeran sus propias vacunas. Esta situación dio lugar a una previsible —y artificial— escasez de vacunas para el resto del mundo”.
La realidad muestra que mientras en Europa, Estados Unidos y algunos pocos países más dejaban atrás las medidas de confinamiento y disfrutaban de las vacaciones de 2021, algunas zonas de África, Asia y Latinoamérica entraban de lleno en nuevas crisis que llevaron al límite a los mal dotados sistemas de salud y causaron semanalmente decenas de miles de muertes evitables, denuncia AI.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha puesto en marcha varias iniciativas para intentar que los Estados y las empresas unan sus recursos para acelerar la producción y distribución equitativa de las vacunas contra el covid-19. “Sin embargo, un grupo de Estados ricos y empresas poderosas no están dispuestas a colaborar en estos esfuerzos, cuya eficacia se ve gravemente menoscabada”.
AI insta a los desarrolladores de las vacunas a destinar 50 por ciento de su producción de vacunas covid-19 a los países de ingresos bajos y medianos durante los próximos 100 días de 2021, preferiblemente a través de mecanismos internacionales y regionales como COVAX.
Así como asignar vacunas bajo fundamentos de derechos humanos como la prevalencia de la pandemia en los países, el funcionamiento de los sistemas de atención sanitaria, las tasas de vacunación y la no discriminación.
Compartir la tecnología y los conocimientos tácitos y codificados, y formar fabricantes cualificados que se comprometan a contribuir al incremento y la diversificación de la producción de vacunas contra el covid-19 en el mundo, es otra de las peticiones de la organización.
Amnistía Internacional evaluó a las empresas en cuyas manos está actualmente en gran medida la producción de vacunas contra el covid-19: AstraZeneca PLC, Johnson & Johnson, Moderna Inc., Novavax Inc. y Pfizer Inc. N
