Antonio Arredondo Muñoz, subsecretario de Información y Planeación de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Sedeshu), renunció a su cargo tras conocerse que la Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó irregularidades en 65 compras y contrataciones que hizo cuando fungió fue alcalde de Salamanca, por un monto de 180 millones de pesos que no fueron solventados.
Arredondo fue presidente municipal por el Partido Acción Nacional en el trienio 2015-2018, y perdió en su intento por reelegirse en las votaciones de 2018, que ganó la morenista Beatriz Hernández Cruz.
Una de las principales anomalías detectadas en la administración del panista –hasta hoy subsecretario en el gabinete del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo– fue el proceso de concesión de la recolección de basura a empresas privadas “fantasma”.
La ASE advirtió una primera contratación anómala de una empresa de Hidalgo que resultó ser “fantasma”, y aunque Arredondo canceló dicho contrato, adjudicó la recolección a otra compañía que también presentaba anomalías, pues aparecía como propietario un estudiante vecino del municipio de Pedro Escobedo, en Querétaro, además de que se utilizaban camiones viejos subcontratados, según informó el diario A.M. en diciembre de 2017.
En esa publicación, A.M dio a conocer que la persona que aparecía como representante legal de la primera empresa “fantasma” a la que Arredondo había otorgado el contrato para la basura era hermano de la representante legal de la segunda empresa beneficiada con el siguiente contrato.
La ASE concluyó que esta contratación debió de haberse licitado, pero se adjudicó directamente por el gobierno de Arredondo.
En general, el organismo emitió más de 80 recomendaciones por las anomalías detectadas en la revisión de los ejercicios del último trimestre de 2015, 2016, 2017, y de enero a octubre de 2018, el trienio de Arredondo Muñoz.
Las observaciones abarcaron procesos de compras y contrataciones en las áreas de servicios generales, para infraestructura y otras.
Varios de estos puntos fueron expuestos públicamente por la actual alcaldesa Beatriz Hernández Cruz –exdiputada local y federal del PAN– al iniciar su trienio. Entonces anunció la presentación de denuncias penales y ante la propia Auditoría Superior, para que se investigara la gestión de su antecesor por compras millonarias de equipo que permanecía guardado, como videocámaras.
Tras difundirse en medios locales los resultados del informe de la ASE, en conferencia de prensa este jueves, acompañado del secretario general del Comité Estatal del PAN, Eduardo López Mares, Antonio Arredondo dio a conocer que renunció a su cargo como subsecretario de Información en la Sedeshu.
“Mi renuncia es un acto de congruencia y de honestidad” para defender el trabajo realizado, aseguró. Luego dijo que presentará una denuncia penal y administrativa “contra quien resulte responsable por el ocultamiento, falsedad de declaraciones y la filtración de información respecto a la auditoría”.
Según Arredondo, además de aclarar las observaciones de la ASE, denunciará a quien resulte responsable por obstaculizar el desahogo de la auditoría, dentro de la actual administración en Salamanca.
Después contraatacó Eduardo López Mares al anunciar que la dirigencia analiza la posibilidad de acudir al Congreso local para solicitar la revocación del mandato de la actual alcaldesa de Morena.
Según el secretario general del Comité Estatal del PAN, la actual alcaldesa salmantina debe aclarar por qué ni ella ni sus colaboradores “jamás entregaron” los informes o documentación que requirió la ASE para solventar las observaciones detectadas.
“Que la alcaldesa Beatriz Hernández salga a aclarar por qué las negativas a proporcionar los documentos, los cuales ella, el tesorero, el secretario, la administración municipal, estaban obligados a entregar”.
López Mares exigió a Hernández Cruz “que se separe de su cargo y atienda las observaciones que se le han descubierto y dé la cara a los salmantinos”.
El dirigente panista se refirió a denuncias públicas por la compra de luminarias sin licitar, así como la renta de una camioneta blindada a una persona vinculada a la empresa a la que se asignó la compra de las luminarias.
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