La semana pasada se dio a conocer una propuesta de reforma constitucional promovida por el ejecutivo federal en materia de energía eléctrica.
Esta reforma propone la reforma de los artículos 25, 27 y 28 de la constitución para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, según lo expuesto en dicho documento, aunque después de analizar dicho documento, esta propuesta resulta ser un agravio mayúsculo a lo hoy establecido en la constitución, tratados internacionales, leyes secundarias y una grave lesión al mercado.
La reforma eléctrica que aterrizará en la Cámara de Diputados tan pronto se le de trámite va en un sentido contrario a las necesidades globales en materia de energía, en particular en lo relativo a las energías limpias y renovables al cancelar todos los Certificados de Energías Limpias.
Esta reforma prevé desincentivar la inversión de privados en la generación de energía eléctrica a través de la cancelación de los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad con el sector privado y las solicitudes pendientes de resolución.
Busca, también, concentrar la participación de la Comisión Federal de Electricidad en el mercado garantizándole el 54% de participación de mercado de generación eléctrica a costa de la inversión privada, lo cual sería un duro mensaje para los inversionistas en el país, quizás el mas violento desde la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en 2018. Esta reforma retoma propuestas de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica aprobada a principios del presente y que actualmente se encuentra suspendida por procesos judiciales.
Contempla una Comisión Federal de Electricidad omnipotente al absorber a la Comisión Reguladora de Energía, al Centro Nacional de Control de Energía y a todas las subsidiarias y filiales de la Comisión Federal de Electricidad. Siendo así, la Comisión Federal de Electricidad quien se regule a sí misma y además se vulneraría la calidad del servicio eléctrico en el país, lo cual podría resultar desastroso para la vida pública de la ciudadanía.
Absolutamente todas las leyes existentes son perfectibles, pero algunas propuestas de reforma de ley no son necesarias e incluso pueden llegar a ser nocivas. Esta propuesta enviada por el ejecutivo federal rompe transversalmente los principios nacionales de mercado, así como lo establecido en tratados internacionales, en particular disposiciones del T-MEC aprobado en la presente administración. Esta iniciativa debe ser rotundamente desechada porque de ser aprobada se traduciría en un alto perjuicio para el país. Será interesante analizar el actuar del Congreso con su nueva composición ante una iniciativa de estas características.
