Tras comprobar que sus tierras son ejidales y promover una demanda de amparo, 14 familias rompieron candados y tomaron posesión de sus predios, una semana después de ser desalojados.
Tras una semana de papeleos en el comisariado ejidal y la Procuraduría Agraria, familias pudieron comprobar que el predio marcado con el número 323 de la calle 22 pertenece al ejido y que ellos son los legítimos posesionarios.
Como informamos, el pasado 21 de agosto, Rafael A.B. llegó al lugar acompañado de un licenciado, actuario y la fuerza pública para ejecutar una orden de desalojo obsequiada por el Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado, con sede en Tekax.
Rafael A.B. señaló que el juez falló a su favor y ordenaba el desalojo de la propiedad que fue de su abuelo y que le pertenecían al tener las escrituras correspondientes.
Aunque las familias habían habitado las tierras por más de 30 años, tuvieron que abandonarlas ante la amenaza de la fuerza pública.
Los afectados acudieron al comisariado ejidal y a la Procuraduría Agraria para demostrar que los terrenos son ejidales y no pueden tener escrituras, así mismo promovieron un amparo contra las órdenes del Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado, con sede en Tekax, y otras autoridades que intervinieron en el desalojo.
Alrededor de las 4 de la tarde de hoy, las familias se reunieron en la calle 22 para cortar los candados de las rejas y puertas de sus viviendas y tomar posesión de sus tierras; aunque su patrimonio fue vandalizado y saqueado, dijeron que están felices por rescatar sus predios.
Al respecto, Pedro Gabriel Carrillo y Kú, comisario ejidal, dijo que las tierras son sagradas para los ejidatarios y siempre que se den casos como estos, defenderán a los campesinos; admitió que en el proceso de desalojo predominó el tráfico de influencias y el dinero.
“Estas tierras son ejidales y por ley no pueden tener escrituras, en esta orden de embargo hay muchas cosas que no son derechas, pero serán los afectados que determinen la forma de proceder; por parte del comisariado se le dio acompañamiento ante la Procuraduría Agraria y se ha dado parte a las autoridades del Ayuntamiento para que estén pendientes con la vigilancia de la zona” concluyó.
ACOM
