Cannon ha desestimado las objeciones del Departamento de Justicia y ha ordenado así paralizar la revisión o utilización del material incautado en la investigación hasta que el supervisor imparcial realice una revisión de los documentos.
Para ello ha dado de plazo hasta el viernes al Departamento de Justicia y a los abogados de Trump para que presenten un listado de candidatos a este puesto de supervisor.
Además de pedir el nombramiento de un supervisor, Trump había solicitado a Cannon la devolución de la documentación, lo que finalmente ha rechazado la jueza.
El FBI tenía sospechas de que el expresidente Trump había cometido delitos contemplados en la Ley de Espionaje y otras normas, por lo que obtuvo la orden de inspección de la mansión de Florida e irrumpió en la misma el pasado 8 de agosto. Los agentes se llevaron 33 cajas con más de 100 archivos clasificados.
Trump ha asegurado que se trata de una investigación con motivos políticos y que algunos de los documentos incautados están protegidos por el privilegio de la relación abogado-cliente y el privilegio ejecutivo en calidad de presidente.
Sin embargo, el Departamento de Justicia considera que se trata de documentación clasificada como secreta que no debería estar en un domicilio particular una vez finalizado el mandato presidencial. Además, considera que el nombramiento de un supervisor paralizaría la investigación.
