La Jueza de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema Penal, Diana Yadira Garrido Colonia, resolvió vincular a proceso al ex alcalde, José Cortés Góngora y 10 regidores por el delito de cohecho, por hechos ocurridos en 2016 en esta ciudad.
Los vinculados a proceso son, el ex alcalde de Progreso, José Isabel Cortés Góngora, el síndico, Enrique Ordaz Martínez, la Secretaria de la Comuna, María del Carmen Villanueva Ávila, y los regidores, Leonardo Javier Camargo Osorno, Enrique Alejandro Pool Vázquez, María Isabel Hernández Tec, Arturo Enrique Núñez Castro, del del Panal-PRD-PT; Jorge Méndez Basto, Gabriela Flores Chan, Margarita Peniche Linot del PRI; y Jorge Casanova Simá, del PAN.
La juzgadora determinó dicha resolución derivado de lo expuesto hoy por las partes en audiencia oral realizada en el Centro de Justicia Oral de Progreso, dando por cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) para dictar el auto de vinculación por el mencionado delito.
El auto de vinculación permite, de acuerdo con la ley, continuar el proceso y la investigación del caso por parte de la Fiscalía, con base en los siguientes hechos establecidos por los fiscales en la audiencia:
“Que derivado del proceso de entrega recepción entre las administraciones municipales saliente (2015-2018) y entrante (2018-2021) se obtuvo información respecto de diversas irregularidades en la celebración de un contrato con una empresa.
De dichas revisiones se estableció que el día 23 de diciembre de 2016, aproximadamente a las 23:00 horas, en sus entonces funciones como regidores integrantes del Cabildo de Progreso, estas personas se encontraban en la sala de cabildo de dicho municipio y cada uno de los hoy imputados recibió la cantidad de 110,000.00 M.N. en efectivo para la suscripción de un contrato para la prestación de un servicio de alumbrado público entre el ayuntamiento de Progreso y la citada empresa, misma autorización que hicieron constar con sus respectivas rúbricas en acta oficial de sesión del cabildo”.
Luego de emitir su resolución, la Jueza de Control Garrido Colonia abrió el debate correspondiente para la imposición de las medidas cautelares consistentes en la presentación periódica y el sometimiento y vigilancia del Centro Estatal de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, así como la prohibición de salir del Estado. Medidas que tendrán vigencia por todo el tiempo que dure el proceso penal.
La juzgadora otorgó a los fiscales el plazo de 4 meses para continuar su investigación complementaria.
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