El ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, promovió un amparo para evitar que el gobierno mexicano solicite a Estados Unidos su extradición.
En la demanda de garantías también reclama la orden de aprehensión librada en su contra y la solicitud de detención provisional con fines de extradición internacional.
De acuerdo con los diarios Milenio y El Universal, el recurso legal fue radicado en el juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal con sede en la Ciudad de México, cuya titular es la jueza María Dolores Núñez Solorio.
Hasta el momento se sabe que la juez aún no ha decidido si admite o no a trámite la demanda del ex gobernador.
César Duarte fue detenido el pasado 8 de julio en Miami, Florida, por elementos del Servicio de los Alguaciles Federales (US Marshals Service) con base a una orden de detención con fines de extradición emitida por un magistrado federal de Nuevo México, Estados Unidos, luego de tres años de permanecer prófugo.
César Horacio Duarte Jáquez, gobernó Chihuahua de 2010-2016 y fue una de las caras que Enrique Peña Nieto presumió como parte de la generación del “nuevo PRI”.
Durante su administración, dejó al estado en la bancarrota luego de perpetrar el desvío y disposición indebida de 1,200 millones de pesos, además de ser acusado de haber entregado recursos de la nómina del estado a varias campañas del PRI en 2015.
Aunado a esto, investigaciones periodísticas dieron a conocer los excesos ocurridos durante su mandato. Era afecto a las grandes fiestas y tenía departamentos de lujos y de ranchos con búfalos y otros animales exóticos.
No suficiente con eso, tuvo su propio banco. Y fue apoyado por el, en ese entonces, secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien autorizó que César Duarte fuera el accionista mayoritario del Banco Progreso de Chihuahua.
Junto con uno de sus secretarios de confianza, Jaime Herrera Corral, César Duarte creó un fideicomiso con el que aportaría al menos 65 millones de pesos para “salvar” las finanzas del Banco Unión Progreso en 2012, a través de acciones de Banorte con el que pretendían obtener el 15% de la ganancia con la operación del dinero.
En 2014, se detectaron 342 transferencias del gobierno del estado de Chihuahua hacia el Banco Unión Progreso, donde se contabilizaron al menos 80,000 millones de pesos en pagos que salieron desde la Secretaría de Hacienda.
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