El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador autorizó un pago por 6 millones 472 mil 800 dólares a una empresa que forma parte de la presunta red de corrupción de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública federal encarcelado en Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico.
De acuerdo con documentos a los que tuvo acceso Animal Político, se trata de un último pago equivalente a 125 millones 442 mil 864 pesos por un contrato celebrado con la empresa Nunvak Inc, bajo el esquema de “transferencias para gastos de seguridad pública nacional”.
Sin embargo, ese dinero no fue transferido directamente a esta empresa, sino que fue dirigido —mediante una “cesión de derechos de cobro”— a la empresa Gull Holding Enterprises Inc, a una cuenta radicada en Barbados. Dicha compañía no participa de ninguna forma en el contrato.
Ambas empresas están en la carpeta de investigación por la cual un juez federal otorgó en abril una orden de aprehensión a la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de 61 personas vinculadas con delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
En dicha carpeta, a la que también tuvo acceso este medio, la FGR menciona a los empresarios Jonathan Alexis y Mauricio Samuel Weinberg, así como a diversos funcionarios y particulares, por presuntamente coludirse para “saquear los recursos públicos” de diversas cárceles federales.
“Lo anterior, a fin de canalizar esos recursos ilícitos a empresas controladas por Genaro ‘G’, sus socios y cómplices, tanto de sector público como del privado, a través de 10 contratos ilícitos, por la suma de 5 mil 112 millones de pesos, que fueron sustraídos a través de diversas triangulaciones criminales a nivel internacional”, informó la FGR el 22 de mayo en un comunicado.
El pago autorizado por este gobierno a Nunvak Inc es por el contrato “Suministro, instalación, capacitación y puesta en marcha del equipamiento tecnológico especializado de control y supervisión para el Centro Federal de Readaptación Social Hermosillo, Sonora”, cuyo fin era realizar escucha y video en áreas restringidas.
El pasado 1 de junio, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mencionó este contrato en una tarjeta informativa, como parte de los 10 contratos que dos instancias federales —la extinta Policía Federal y el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS)— suscribieron del 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012 “con empresas involucradas en el entramado de García Luna, con un monto total erogado de $225,212,904 dólares”.
Sin embargo, la UIF omitió señalar que la última “confirmación de operación de cambios” por 6.4 millones de dólares se realizó en diciembre de 2019, un año después de que el presidente López Obrador llegó al poder y cuando Alfonso Durazo, hoy gobernador de Sonora, era secretario de Seguridad federal.
La contratación y el pago
De acuerdo con la UIF, el 27 de julio de 2012 el general Eduardo Enrique Gómez García, entonces comisionado del OADPRS, firmó el contrato en cuestión con Nunvak Inc para realizar escucha y video en áreas restringidas del penal federal de Hermosillo. El monto de la operación fue de 21 millones 576 mil dólares.
Según la solicitud de orden de aprehensión, el funcionario responsable de la administración y verificación del cumplimiento del contrato fue Gonzalo Villarreal Guerra, coordinador de los centros federales durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) y quien en enero de 2022 fue imputado por la FGR, junto con otros exfuncionarios, por asociación delictuosa y uso indebido de atribuciones y facultades.
El pago total del contrato quedó establecido así: 50% a la firma, 20% a la entrega de los equipos, 10% a la instalación y 20% a la puesta en marcha. El vencimiento original del contrato fue pactado para el 27 de julio de 2013.
De acuerdo con una relación de contratos y facturas emitidas por Nunvak al OADPRS, la primera factura por 10.7 millones de dólares fue emitida el 7 de septiembre de 2012, aún durante el sexenio de Calderón, mientras que la segunda y la tercera, por 4.3 y 6.4 mdd, fueron emitidas el 11 de enero de 2016 y 12 de julio de 2018, ya en el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
No obstante, el 16 de diciembre de 2019, Óscar Moreno Villatoro, que fue nombrado director de Administración del OADPRS al inicio del sexenio actual —y que fue mencionado en el juicio de García Luna por su relación con el exsecretario—, y Ladislao Andrés Cantica Hernández, director de Programación y Presupuesto, realizaron una solicitud de pago a favor de Gull Holding por 6.4 mdd.
Más de un año después, Moreno Villatoro fue designado administrador central de Control y Seguridad Institucional del Servicio de Administración Tributaria (SAT), pero al ser parte de los 21 funcionarios investigados por presuntas irregularidades administrativas durante la construcción de prisiones federales, el presidente López Obrador ordenó investigarlo.
“Que se haga la investigación y, si el señor participó con García Luna, pues no debe estar aquí”, dijo en conferencia de prensa del 18 de agosto de 2021.
El pago en cuestión, con número SEGOB/CNS/OADPRS/DGA/122825/2019, se hizo en una sola transferencia. Quedó registrado en la contabilidad del OADPRS con la póliza de egreso 2248, de fecha 13 de diciembre de 2019, y la operación se concretó tres días después bajo la póliza 827266, de la que este medio tiene una copia.
Justo en esas fechas, el 10 de diciembre de 2019, García Luna fue detenido en Dallas, Texas, acusado de haber dado protección al Cártel de Sinaloa. En febrero de este año, el exsecretario fue declarado culpable por la justicia estadounidense y actualmente espera sentencia.
La investigación de la FGR
El 8 de febrero de 2022, la FGR solicitó a un juez emitir una orden de aprehensión en contra de García Luna y 60 personas más —familiares, conocidos y exfuncionarios—, por formar parte de una presunta organización criminal operada por el exsecretario, quien presuntamente asumió las funciones de “supervisor” del grupo al menos de junio de 2011 a diciembre de 2019.
“En esta posición de inmenso poder, controlaba muchos aspectos de la fuerza de seguridad pública de México, incluidos diversos funcionarios de los organismos de seguridad pública de México”, señaló la FGR en la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIF AM-MEX/000270/2020.
De acuerdo con la FGR, García Luna conformó una “extensa red de socios comerciales” para obtener contratos ilegales por cientos de millones de dólares durante su gestión y después de dejar el cargo.
“La ingeniería financiera que creó Genaro García Luna se integró por cuatro grupos, contando con participación de servidores públicos, personas físicas y utilización de personas morales, con quienes lograron concretar actos jurídicos simulados, consistente en la celebración de 10 contratos”.
Lo anterior, según la teoría criminal del caso, sirvió como sustento para la obtención de recursos ilícitos, amparados en supuestas relaciones de prestación de servicios por parte de Nunvak —cuyo control lo tienen Samuel Weinberg y Jonathan Weinberg—, desde la cual crearon un complejo esquema de operación a través de empresas fachada.
Sobre esta solicitud, en primera instancia, el juez negó la orden previniendo a la FGR que debía cumplimentar ciertos aspectos que consideraba esenciales para que se otorgara. Así quedó registrado en la causa penal 43/2023 ante el Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez (Altiplano).
El 4 de abril de 2023, finalmente, el juez de control Gregorio Salazar Hernández otorgó la orden solicitada en contra de las 61 personas presuntamente involucradas, entre ellas, Linda Cristina Pereyra Gálvez, esposa del exsecretario.
