El 47% de las 257 granjas porcícolas de Yucatán están establecidas en regiones consideradas sitios de atención prioritaria para la conservación de la biodiversidad, de acuerdo con una investigación realizada por la organización ambientalista Greenpeace México.
El reporte “La carne que consume al planeta”, pone en evidencia cómo la industria porcícola en la entidad crece de manera exponencial invadiendo ANPs, contaminando el agua, afectando el ecoturismo de los cenotes, generando deforestación en la selva maya y violentando los derechos humanos de pueblos indígenas.
Durante la investigación se realizaron muestreos de agua en pozos, tomas de agua de las granjas que se vierte directo en la selva y un cenote de la región y se encontró que en cinco de las 8 muestras se rebasa la NOM-001-SEMARNAT-1996 para la protección de la vida acuática. Todas las muestras exceden los límites recomendados de amonio (NH4), nitritos (NO2) y nitratos (NO3) para garantizar la salud de las personas en México, según lo estipulado en la NOM-127-SSA, la cual dicta los límites recomendados para uso y consumo humano.
De las 257 granjas porcícolas con registro en alguna base de datos oficial en la Península de Yucatán, 122 (47%) están establecidas en regiones consideradas sitios de atención prioritaria para la conservación de la biodiversidad. Las granjas en sitios de conservación suman 20, mientras que las localizadas en sitios de restauración son 102, 65% de ellas en lugares de prioridad extrema. Al menos 43 están ubicadas en cuatro Áreas Naturales Protegidas (ANPs) y una más en un sitio RAMSAR y solo 22 (de las 257) operan con Manifestación de Impacto Ambiental.
La deforestación, con una pérdida de 10 997.01 hectáreas de selva, es otro de los graves impactos ambientales de las granjas porcícolas, lo cual también representa una grave amenaza para especies catalogadas en peligro de extinción o amenazadas según la NOM-059-SEMARNAT-2010, el jaguar en la selva o los peces ciegos en cenotes.
“Yucatán es un caso icónico que funciona para ilustrar la ilegalidad, contaminación e injusticia social vinculadas a esta industria que está también presente en otras entidades de la República”, explicó la organización.
“En este contexto resulta inconcebible que el gobierno federal a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), así como el gobierno de Yucatán, estén planteando un impulso a esta industria como parte de sus planes de recuperación económica tras los efectos de la pandemia del COVID-19, cuando lo que deben hacer primero es regular la industria existente y después transformar de fondo el modelo de producción de carne de cerdo a nivel industrial”, señaló Viridiana Lázaro, especialista en agricultura y cambio climático de Greenpeace México.
Personas, en el centro de la irregularidad
“Hoy nuestra tranquilidad y seguridad se encuentran amenazadas por la presencia de una mega-granja porcícola entre las poblaciones de Kinchil y Celestún. La producción industrial de cerdos en esta granja ocasiona la extracción de grandes cantidades de agua del subsuelo, misma que utilizan para limpiar las jaulas, esta agua aunque pasa por los biodigestores, finalmente la regresan al monte o a la selva en un sistema de riego, y esto ocasiona formación de lagunas de agua contaminada con excretas y orina de cerdo pero en grandes cantidades. Esta agua residual se filtra inmediatamente al manto freático y de no detener esto, en pocos años la región se verá afectada seriamente”, expresó el portavoz de Chikin-já, Alberto Rodríguez Pisté.
Manuel Casanova, apicultor maya, indicó por su parte que ha sido desplazado por la presencia de una granja porcícola y que los principales impactos que se tiene es que ya casi no hay tierras para producir -Kekén dice que esas tierras son de ellos- y lo más doloroso es que otros estados están superando en cosechas de miel cuando Yucatán era el primer lugar.
“No saben cómo sufrimos las pérdidas de nuestra selvas y lo más importante, el agua, ojalá que la gente nos apoye en nuestra lucha; invito a quien sea a comprobar que lo que digo es verdad, ya no vamos a tener turismo, ni pesca, y lo más triste es la contaminación del agua y el aire”, expresó el apicultor.
Por su parte, Lourdes Medina, de Indignación AC, señaló que ante este escenario se nota el papel omiso del Gobierno estatal y federal.
En el caso del Gobierno de Yucatán, el Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024 tiene como objetivo impulsar este tipo de industria.
“Por lo anterior, exigimos que los tres órdenes de gobierno y en el ámbito federal y estatal se respete el derecho del pueblo maya peninsular y se adopten medidas con base en el principio precautorio que puedan garantizar el derecho humano a la alimentación adecuada, a la salud, al medio ambiente sano y al agua”, afirmó.
La especialista recordó que los reclamos de las comunidades mayas por las violaciones a sus derechos humanos a consecuencia de las granjas porcícolas inicio con mayor fuerza a partir del 2017, cuando el pueblo maya de Homún comenzó una batalla legal en contra de una de estas mega granjas. A partir de este proceso legal – que incluso se encuentra por su importancia y trascendencia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación– se destapó una serie de irregularidades.
Ante estas denuncias comunidades como Kinchil, Maxcanú, Celestún, Chapab, Tabi, Maní, Sudzal, San Fernando y Paraíso, por mencionar algunas, han denunciado públicamente afectaciones por granjas porcícolas en sus territorios.
Viridiana Lázaro dijo que como nunca antes la pandemia del COVID-19 es un llamado para la humanidad a repensar el modo de desarrollo capitalista y a cuestionar las formas en las que consumimos y nos relacionamos con la naturaleza.
Uno de los grandes problemas es el crecimiento descontrolado de las ciudades que ha llevado a la conversión de zonas rurales en urbanas, lo cual ha permitido que exista una mayor demanda de productos cárnicos.
Exhortaron al gobierno federal y local un alto a las granjas industriales (instalaciones cerradas y confinamiento individual para animales), una ordenación rigurosa del territorio en las zonas de gran densidad ganadera en la península de Yucatán de manera que por ningún motivo las autoridades permitan ocupar suelo de protección conservación además de crear un sistema de monitoreo e inspección de la calidad de agua tanto estatal como nacional que permita evaluar el grado de contaminación y su comportamiento a través del tiempo.
“El plan de recuperación económico de Andrés Manuel López Obrador y de las entidades debe ser verde y justo para garantizar un modelo sostenible y saludable que no incremente el cambio climático y así evitar una crisis climática que la que vivimos actualmente por el coronavirus”, concluyó Lázaro.
ACOM
