La cuenta regresiva para que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, pruebe que el expresidente Enrique Peña Nieto y miembros de su gabinete conformaron una red de corrupción en la que él fue utilizado y con la que se perpetraron varios delitos, ha comenzado.
En un plazo de seis meses, como máximo, deberá denunciar, declarar y entregar evidencia suficiente que le permita a la Fiscalía General de la República (FGR) construir acusaciones en contra los integrantes de esta presunta red de corrupción tejida – según los abogados de Lozoya – en los “más altos niveles de gobierno” en el sexenio pasado.
De no conseguirlo, será Lozoya quien sea acusado y llevado a juicio por los presuntos sobornos de más de diez millones de dólares que recibió de las empresas Odebrecht y Altos Hornos de México antes y durante su paso como director de Petróleos Mexicanos.
Lo anterior luego de que un juez federal determinó que había evidencia inicial suficiente para vincularlo a proceso por lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa en los referidos casos, y ordenó un plazo de medio año para que concluyan las investigaciones antes de llegar al juicio.
En dicho periodo, los fiscales de FGR deben reunir la evidencia que permita cerrar la acusación en contra del exdirector de Pemex y buscar una condena. El mismo lapso podría ser aprovechado por el exfuncionario de Peña Nieto para reunir elementos en su defensa y probar ante el juez su inocencia.
Pero el plan de Lozoya es otro. Su objetivo es obtener el perdón de la Fiscalía antes de llegar al juicio. La vía para ello es la obtención de lo que la ley denomina criterio de oportunidad, que consiste en denunciar y aportar información de la comisión de un delito más grave que el que se le imputa.
A continuación, se detalla el escenario que ahora tiene por delante el exdirector de Pemex y los objetivos que deberá cumplir a contrarreloj si quiere evitar ser enjuiciado y muy probablemente sentenciado.
¿Qué debe probar Lozoya?
Para salvarse de ser procesado, o al menos tratar de obtener una pena reducida, Lozoya deberá probar lo que ya expuso en las audiencias iniciales: que, literalmente, fue utilizado presionado, acosado y usado por un “aparato de poder conformado por altas autoridades del Estado Mexicano, que estuvo constituido con el objetivo de abusar de ese poder que legítimamente les había sido concedido”.
Ese aparato de poder sería el responsable de ejecutar a través de Lozoya, y posiblemente de otras personas, los hechos delictivos ocurridos el sexenio pasado y de los cuales se desprenden casos como los sobornos de Odebrecht, las inversiones irregulares de Pemex con Altos Hornos, y otros hechos entre los que podrían estar los supuestos pagos a legisladores para aprobar reformas.
Como Animal Político evidenció ayer en esta nota, la tesis de que existen aparatos de poder liderados por personas que cometen delitos pero los ejecutan a través de otros, es una doctrina diseñada por Claus Roxin, uno de los penalistas más influyentes del mundo, y que ya ha sido exitosa para procesar a otros jefes de Estado como Alberto Fujimori.
En el caso específico de Lozoya, por la temporalidad de los hechos que se le imputan y porque afirma haber sido “utilizado”, dicha estructura no puede ser otra que el gobierno de Enrique Peña Nieto, y sus superiores se acotan a propio presidente y los secretarios de Estado.
Lo que sigue ahora es denunciar a esa red, rendir declaración y presentar las pruebas.
Animal Político
