Después de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) asignó a México derechos especiales de giro (DEG) por un monto equivalente a 12 mil 117 millones de dólares y que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se usarían para pagar deuda pública, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) aseguró que México no enfrenta en el corto plazo problemas de sostenibilidad de la deuda.
La secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, refirió que al cierre de 2020, la deuda pública de México representó 52.1 por ciento del producto interno bruto (PIB), frente a 45.1 por ciento del cierre de 2019, pero esto no fue porque el país se haya endeudado más, sino por la depreciación del tipo de cambio y la caída en la actividad económica por la pandemia del covid-19.
Durante la presentación del documento “Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2021: Dinámica laboral y políticas de empleo para una recuperación sostenible e inclusiva más allá de la crisis del covid-19”, resaltó que México no contrató más deuda pública que la contemplada antes de la pandemia y se espera que la deuda disminuya a 49.7 por ciento del PIB al cierre de 2021, gracias al crecimiento del PIB.
En este sentido, la funcionaria de la Cepal señaló que las proyecciones del organismo a su cargo apuntan a que México crezca 6.2 por ciento en 2021 y 3.5 por ciento en 2022, lo que propiciará una baja en la razón deuda/PIB del país; además, México colocó en julio pasado un segundo bono sostenible con la tasa más baja en la historia, para un bono denominado en euros a un plazo de 15 años.
“Yo diría que en el corto plazo, México no enfrenta problemas de sostenibilidad de la deuda pública y las políticas multilaterales de acceso a la liquidez y manejo de la deuda van a ser muy importantes, lo que sí proponemos es que México, junto con otros países, participe fuertemente en las negociaciones que se están haciendo a nivel multilateral para el impuesto a las corporaciones”, dijo.
En este sentido, el organismo dependiente de Naciones Unidas propuso la creación de un impuesto mínimo a la renta corporativa, con una tasa mínima más alta, así como ampliar el universo de empresas multinacionales a las que aplicará el acuerdo y lograr una distribución más equitativa de la recaudación entre países desarrollados y en desarrollo.
Además, propuso promover acuerdos multilaterales para reducir la evasión fiscal, eliminar el uso de paraísos fiscales, el traslado de beneficios y los flujos financieros ilícitos.
DEG deben complementarse con mecanismos de reasignación
La Cepal indicó que los DEG que asignó el FMI a los países miembros, por un monto equivalente a 650 mil millones de dólares, permitirán fortalecer la posición externa de los países de la región y disminuir el riesgo; sin embargo, deben de complementarse con mecanismos de reasignación y otras fuentes de financiamiento.
Abundó en que los DEG recibidos por los países en desarrollo fortalecen la disponibilidad de reservas y la estabilidad financiera, pero los países desarrollados podrían canalizar los DEG que no van a utilizar hacia fondos fiduciarios multilaterales/regionales para la provisión de financiamiento en beneficio de los países en desarrollo con independencia de su nivel de ingreso.
Así, se debería contemplar el establecimiento de un fondo fiduciario para los países de ingresos medios, con DEG como capital para financiar proyectos ligados al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
“La emisión de DEG y su reasignación no es una panacea y debe ser acompañada de otras iniciativas como la creación de fondos multilaterales para distribuir la liquidez de los países desarrollados hacia los países en desarrollo”, aseveró la Cepal.
