Luego de que Valeria, su familia y estudiantes de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) protestaran el pasado 6 de diciembre en el edificio central de la institución educativa por la revictimización tras la denuncia de violencia sexual hacia Valeria, la UADY emitió un comunicado afirmando que están actuando conforme el protocolo establecido.
Por medio del comunicado, señalaron que el Protocolo para la prevención, atención y sanción de la violencia de género, hostigamiento, discriminación, acoso y abuso sexuales fue activado el 27 de octubre cuando la directora de la Preparatoria 2 lo solicitó.
Esto fue debido a la denuncia de Valeria, la cual refirieron diciendo «un caso ocurrido entre dos estudiantes adolescentes», que quedó asentada en la queja 37/2022.
Además de activar el protocolo, indicaron que derivaron el caso también a la Procuraduría de la Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes (Prodennay).
Tras esto, citaron a la estudiante el 31 de octubre junto con su madre y su padre, debido a que aún es menor de 18 años allí, dijeron, el padre pidió que su hija no diera su testimonio y, conforme lo que él mismo explicó en la manifestación, esto fue por tratarse de un proceso revictimizante al hacer que su hija repitiera (y reviviera) los hechos.
En esa misma cita, refieren que el padre les dijo que acudirían a la Fiscalía General del Estado (FGE) «y que la denuncia que presentasen podría considerarse como declaración de la adolescente. Es así como la queja número 37/2022 está en proceso de investigación dentro del término que marca el Protocolo de 30 días hábiles a partir de la entrevista de primer contacto».
En noviembre, aseguran que realizaron diligencias en la búsqueda de esclarecer los hechos, «procurando en todo momento garantizar el debido proceso y la protección de los derechos humanos, así como la integridad física y emocional de los adolescentes involucrados, a la vez de informar puntualmente a sus tutores».
Describieron que también ofrecen atención psicológica para el acompañamiento del proceso, pero en este caso prefirieron recurrir al servicio de manera externa; asimismo, aseguraron que evitan la exposición de contenidos sensibles al tratarse de una adolescente que no tiene la mayoría de edad legal.
«En los próximos días se emitirá el resolutivo del proceso de investigación y en su caso, la sanción correspondiente con base en la normativa universitaria, así como en apego a un proceso cuidado que garantiza los derechos humanos de las partes involucradas».
