Aparte de agravar la situación de pobreza y pobreza extrema en América Latina y el Caribe, la crisis económica desatada por la pandemia de covid-19 afectará el ya escaso acceso de millones de personas a la alimentación, advirtió hoy la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Un informe publicado hoy plantea dos opciones para la región: en el corto plazo se tiene que garantizar el acceso a los alimentos para las personas que siguen las medidas de cuarentena y a consecuencia de ello no reciben ingreso –medidas que afectan principalmente a los más pobreza–; a largo plazo, se trata de impedir que los nuevos pobres pasen hambre.
El estudio muestra que la pandemia golpea una subregión donde la alimentación es un tema de contrastes alarmantes: por una parte, 42.5 millones de personas sufrieron hambre en 2018 –principalmente en Venezuela, Haití, México, Perú y Guatemala– y 188 millones más se encontraban en inseguridad alimentaria; por otra parte, 105 millones de latinoamericanos y caribeños viven con obesidad, principalmente en México, Argentina o Chile.
Si bien advierte que las medidas de restricción de movilidad y de distanciamiento social podrían afectar las cadenas de producción y el comercio internacional, lo que podría generar una mayor volatilidad en los precios de los alimentos, el informe de la FAO plantea que el principal problema alimenticio para la región consistirá en el incremento de la pobreza, que a su vez impedirá a millones de personas pagar su comida.
“Estas son noticias desalentadoras porque hacen prever que se acentuarán los problemas de pobreza en la región”, destaca, y añade: “En 2020 el número de pobres en la región subirá de 186 a 214 millones de personas, en tanto que el número de las personas en pobreza extrema podría aumentar de 67.5 a 83.4 millones. Esto significaría que entre 2019 y 2020 la tasa de pobreza regional pase de 30.3% a 34.7%, y la tasa de pobreza extrema de 11% a 13.5%”.
Según el informe, México es un país con un riesgo “medio alto” de que la población empobrecida por la crisis económica ya no pueda adquirir alimentos, por lo que recomendó al gobierno federal garantizar los programas de apoyo nutricional o de comedores escolares, que expanda los programas de seguridad social y promueva “hábitos de consumo saludable”.
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