Ahora la consulta de consultas: quita o deja al Presidente. ¿Están todos de acuerdo?

Ciudad de México, 3 de agosto (SinEmbargo).– Luego de difundir y organizar la Consulta Popular sobre el esclarecimiento de las decisiones políticas de las pasadas administraciones federales, el siguiente reto del Instituto Nacional Electoral (INE) será llevar a cabo, en marzo de 2022, el proceso de revocación de mandato entorno a la continuación o no del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Para los consejeros electorales, la prioridad es que el Poder Legislativo emita la Ley reglamentaria correspondiente —como lo dispone la reforma al artículo 35 constitucional—, tener el presupuesto necesario y, en sólo tres meses, organizar un ejercicio del nivel de una elección federal que generalmente toma nueve meses.

Pero dirigentes de Morena aseguran no confiar en el Consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello ni en el Consejero Ciro Murayama Rendón, por lo que estarán muy vigilantes, ya que —consideran— esta vez ambos se esforzarán en el ejercicio para quitar del cargo al Presidente López Obrador.

“Es importante que al INE se le otorguen los recursos necesarios para 2022. No podría realizarse una revocación de mandato como nos sucedió con la Consulta Popular que fue a partir de ahorros del proceso electoral; el próximo año esos ahorros ya no se tendrán. Estamos confeccionando el presupuesto para 2022 sin excesos ni lujos”, dijo en entrevista el Consejero electoral José Roberto Ruiz Saldaña.

Ruiz Saldaña detalló que el jueves se reunirán en la Comisión de Presupuesto del órgano electoral para que a finales de agosto aprueben en sesión del Consejo General el monto que requerirán a los diputados. Para la Consulta Popular solicitaron mil 500 millones de pesos el año pasado, los cuales no recibieron e impactó en el número de mesas receptoras, según explicaron. Los consejeros también determinarán en las siguientes reuniones si en este próximo ejercicio se podrá votar en el extranjero o se instalarán casillas especiales para votantes en tránsito.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador considera que la revocación de mandato es una “oportunidad para los adversarios” y la vía para garantizar un Presidente “con respaldo ciudadano y con autoridad moral”, porque “no se puede estar a la fuerza sin el apoyo de los ciudadanos”, dijo ayer en su conferencia de prensa matutina realizada en Jalisco.

La Secretaria general de Morena, Citlalli Hernández Mora, afirmó vía telefónica que “no están satisfechos” con el “activismo político” específicamente de los consejeros Córdova y Murayama, por lo que en la ratificación o revocación de mandato “veremos cómo se desbordarán para garantizar las condiciones para poder quitar al Presidente y seguramente habrá mucho más esfuerzo del que hubo en la consulta”.

“El INE —atrapado por dos consejeros que responden más a sus posiciones políticas— pudo hacer un mucho mejor papel en el ejercicio de la Consulta Popular. Alegó no tener presupuesto, cuando en realidad la principal tarea de la institución es fomentar la participación ciudadana y atender este tipo de procesos. Pudo haber reajustado su presupuesto en vez de comprar nuevas sedes inmobiliarias o reducir sueldos y gastos en comidas para garantizar con el mismo número de casillas similar a una elección ordinaria, colocar casillas especiales y difundir sobre la democracia participativa”, aseveró.

Por su parte, el Diputado y representante de Morena ante el INE, Sergio Gutiérrez Luna, coincidió en que “no confían” en Córdova ni en Murayama, porque “han mostrado una y otra vez su parcialidad por lo que seremos muy vigilantes de lo que hagan en esta situación”. Además, reiteró que analizan una posible Reforma Electoral para replantear el funcionamiento de este órgano autónomo, un planteamiento que también ha hecho el Presidente López Obrador.

INICIATIVA DE LEY DE REVOCACIÓN

El Coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, presentará en el periodo extraordinario una iniciativa para expedir la Ley federal de Revocación de Mandato, específicamente a la figura del Presidente de la República. Por su parte, los diputados se reunirán la última semana de agosto para armar la agenda legislativa y definir la ruta de esta revocación.

“Esta Ley reglamentaria tiene que ser un instrumento jurídico exhaustivo sin lagunas para no correr el riesgo de tener controversias o impugnaciones”, observó el Consejero electoral José Ruiz Saldaña.

La propuesta de Monreal plantea que sólo procederá con el respaldo de firmas del 3 por ciento de la lista nominal (dos millones 800 mil personas) distribuidos en al menos 17 estados. Se busca que la jornada de votación sea el domingo siguiente a los 90 días posteriores a la emisión de la convocatoria y en una fecha que no coincida con las jornadas electorales, federal o locales. Los resultados sólo serán vinculantes si participa el 40 por ciento de las personas inscritas en la lista nominal (más de 37 millones de ciudadanos).

La iniciativa también plantea que el INE será el encargado de promover la participación ciudadana, difundir, organizar y realizar el cómputo de la votación del proceso de revocación de mandato. Si los resultados indican que procede esta figura, el Presidente será separado del cargo de manera definitiva al momento de ser notificado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El Consejero electoral Martín Faz dijo a SinEmbargo que otro reto es la temporalidad. “En tres meses —de enero que se publica la convocatoria a marzo que se realiza la votación— tendríamos que hacer la contratación de capacitadores, la capacitación electoral y el sorteo de funcionarios de casilla. Una elección federal se realiza en nueve meses”, comparó.

Además, en dado caso que el Congreso no emita una Ley reglamentaria, vislumbró Faz, el INE tendrá que emitir lineamientos sobre la validación de la recaudación de firmas de noviembre a diciembre.

Sobre el presupuesto, el Consejero expresó que más allá de lo que la Cámara de Diputados apruebe darles, el Consejo general del órgano electoral ya está alistando su proyecto de presupuesto que considera la revocación de mandato y cualquier otra Consulta Popular.

“No queremos que ocurra como con la Consulta Popular reciente. Se elaboró el presupuesto el año pasado en agosto que es nuestra fecha límite, pero la consulta se activó hasta octubre y, cuando solicitamos una partida presupuestal extra para poder solventarla, no nos fue otorgada”, evocó.

En octubre de 2020, el órgano electoral pidió mil 500 millones de pesos para la organización de la Consulta Popular, la capacitación, el Registro Federal de Electores y para la Unidad de Informática. Se planeaban instalar 104 mil casillas, pero la Cámara de Diputados le negó ese monto y este domingo 1 de agosto sólo se instalaron 57 mil mesas receptoras sin incluir especiales.

El Diputado y representante de Morena ante el INE, Sergio Gutiérrez Luna, cuestionó que sólo piensen en el dinero, pero “no quieren bajarse los sueldos ni dejar de gastar”.

En una conferencia sobre procesos electorales dictada el 8 de julio, el Consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello cuestionó la validez de la revocación de mandato y comparó el ejercicio con el caso del Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla.

“El Presidente López Obrador fue electo por seis años. Así se expresó la voluntad ciudadana en 2018. ¿Es válido que un mecanismo posterior como la revocación de mandato, que se introdujo en la Constitución en 2019, se elija retroactivamente?”, preguntó el Consejero presidente. “¿No estamos como en el caso de Baja California, en donde un Gobernador fue electo por dos años y después de la elección quiso prorrogársele el mandato artificialmente por tres más? La Corte dijo que eso no se puede”, agregó.

Sobre estos comentarios, Gutiérrez Luna se dijo sorprendido porque los temas no están relacionados. “La revocación de mandato es un ejercicio que está previsto en la Constitución y es algo que el Presidente López Obrador durante décadas ha mencionado y lo de Baja California fue una modificación constitucional para empatar los periodos de la gubernatura con la elección federal”.

Para el analista político Enrique Toussaint la baja participación en la consulta popular del 1 de agosto no fue por la organización del INE, sino por la pregunta ambigua sobre los efectos e implicados. Sin embargo, en el caso de la revocación de mandato, dijo, es muy clara la consecuencia por lo que prevé mayor votación y poca probabilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ajuste el proceso entorno a su constitucionalidad. Aunque consideró que su realización no debería estar calendarizada.

“La revocación de mandato debería ser una figura que la ciudadanía, en caso de estar inconforme con su Gobierno, pueda activar a través de distintos mecanismos como la recolección de firmas o iniciativa popular; que no se le obligue”, comentó.

Toussaint coincidió con el dirigente de Morena, Mario Delgado Carrillo, respecto a que —dado que la revocación puede costar miles de millones de pesos— este tipo de referéndums deberían coincidir con los procesos electorales para ahorrar recursos. Si bien era cuestionable juntar las históricas elecciones intermedias de 2021 con el nombre del Presidente en las boletas, el ajuste debe hacerse para los ejercicios futuros, dijo el analista.

EL PRESIDENTE PREVÉ MÁS PARTICIPACIÓN Y CASILLAS

El domingo pasado, la participación en la Consulta Popular relacionada con los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto alcanzó poco más del 7 por ciento de la lista nominal por lo que no será vinculante.

Sin embargo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador estimó que en el proceso de revocación de mandato participarán más ciudadanos porque se preguntará si se quiere que continúe o que renuncie al cargo para el que fue electo en 2018. Y, al ser entorno a su figura, se comprometió a respetar la veda electoral.

“En la próxima van a participar muchos más ciudadanos y esta práctica se va a ir convirtiendo en un hábito, en una cultura y esto lo vamos a heredar a las nuevas generaciones”, declaró en la conferencia matutina del lunes.

El 41 por ciento de los mexicanos dijo en junio que votaría a favor de revocarle el mandato al Presidente López Obrador, un 10 por ciento más que en mayo, de acuerdo con la encuesta de El Financiero Blooomberg. Por el contrario, el 54 por ciento estaría a favor de que el mandatario siga en el cargo, una cifra menor al 59 por ciento que señaló lo mismo el mes anterior.

En la conferencia de prensa realizada desde Jalisco, López Obrador volvió a criticar el papel del INE en la organización de la Consulta Popular y dijo que es más una cuestión de “voluntad” que de dinero para que haya más casillas para la votación sobre la revocación de mandato.