Abren juicio por cártel en mercado de bonos

La Comisión Federal de Competencia (Cofece) inició un juicio en contra de siete bancos que habrían conspirado para manipular el mercado de bonos de deuda pública.

Bank of America, BBVA, J.P. Morgan, Citibanamex, Santander México, Barclays y Deutsche Bank son los agentes económicos investigados por posibles prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la intermediación de valores de deuda emitidos por el gobierno mexicano.

Cita Cofece a bancos por colusión en compra de bonos de deuda al Gobierno

La Autoridad Investigadora hizo público este lunes su Dictamen de Probable Responsabilidad (expediente IO-006- 2016) sobre la investigación que anunció el 19 de abril de 2017, y durante la cual tuvo conocimiento de que los bancos habrían compartido información y coordinado ofertas para fijar los precios en las subastas semanales de bonos (Cetes, Bonos, Udibonos y Bondes D) que realizó el Banco de México entre 2006 y 2017.

Al iniciar el juicio, los bancos deberán defenderse de las imputaciones en su contra y una vez desahogadas las pruebas, el pleno de la Cofece emitirá una resolución en un plazo máximo de 193 días.

De comprobarse el ilícito, el órgano antimonopolios que encabeza Alejandra Palacios podría aplicar multas de hasta 10 por ciento de los ingresos anuales que las instituciones obtuvieron en México.

Resultado de imagen para juicio contra bancos

Citibanamex y Barclays declinaron hacer comentarios. Santander respondió que el martes recibió el oficio de la Cofece, enviado también a otras instituciones, pero aseguró que éste no señala responsabilidades en su contra y que es la primera vez que tiene acceso al expediente.

No obstante, el banco de origen español indicó que aportará pruebas de que ha cumplido con la legislación aplicable y los principios en materia de competencia económica de manera cabal.

La institución financiera citó que en noviembre de 2018, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) concluyó sus investigaciones relacionadas con este tema, donde se estableció que Santander México no tuvo responsabilidad alguna, por lo que no recibió ninguna sanción después de que concluyó la investigación del regulador financiero.

JUICIO PARALELO

Relacionada con la indagatoria de Cofece, en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York se inició en 2018 el Litigio Antimonopolio de Bonos del Gobierno Mexicano, una acción consolidada a partir de las demandas de seis fondos de pensión estadounidenses en contra de 10 bancos, incluidos los mencionados en la indagatoria del órgano procompetencia en México.

Además de los siete bancos imputados por la Cofece, HSBC, Banco Credit Suisse e ING Bank son señalados por el Sistema de Pensiones y Jubilación de los Bomberos de Oklahoma; Autoridad Operativa de Tránsito de Manhattan y el Bronx; Sistema de Jubilación de Boston; Autoridad de Transporte del sureste de Pensilvania; fondo de pensiones de la Unión de Trabajadores y Empleadores de la Industria alimentaria de tres estados y el Sistema de Jubilación de Empleados del Gobierno de las Islas Vírgenes. Los demandantes alegan pérdidas millonarias porque los bancos manipularon las subastas semanales de bonos para luego venderlos con precios artificialmente altos en el mercado secundario a inversores como las pensiones.

«Los demandantes alegan además que ciertos acusados están siendo investigados por varias autoridades mexicanas, incluido el regulador antimonopolio de México, y que uno o más acusados han sido aceptados en el programa de clemencia del cártel de México. Por lo general, para ser aceptado en el programa de clemencia, una parte debe admitir su participación en una conspiración y aceptar presentar pruebas contra sus cómplices», cita en su sitio de internet el despacho Berman Tabacco, que representa al Sistema de Pensiones y Jubilaciones de Bomberos de Oklahoma.

En su reporte del primer trimestre de 2019 enviado a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), Santander se refiere a esa demanda, contestada el 17 de septiembre de 2018 por los acusados. «Estos asuntos están en curso y en el futuro podrían resultar en la imposición de daños, multas u otras sanciones», cita Santander.

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